En una madrugada cargada de tensiones y controversias, el Senado mexicano ha reelegido a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otorgándole un segundo mandato de cinco años. La votación, que culminó en medio de intensas críticas y cuestionamientos sobre la independencia y legitimidad del proceso, fue respaldada por el partido en el gobierno, Morena, cuyos senadores emplearon su mayoría legislativa para asegurar la reelección.
Desde su primer nombramiento en 2019, la gestión de Piedra Ibarra ha estado en el ojo del huracán. A lo largo de su mandato, ha sido criticada por su proximidad al Gobierno Federal, y diversas organizaciones de derechos humanos han señalado omisiones y falta de independencia en su actuación. Estos señalamientos no fueron suficientes para impedir su reelección; al contrario, el proceso mismo estuvo marcado por conflictos de interés y por la férrea presión del partido oficialista, que introdujo su candidatura a último momento, pese a que obtuvo una de las peores evaluaciones en el análisis de idoneidad realizado por la Comisión de Justicia.
El debate en torno a la reelección de Piedra Ibarra incluyó una enconada discusión sobre la transparencia y legalidad del proceso. Ante los llamados de senadores de la oposición para que se garantizara el voto secreto, surgieron acusaciones de presiones políticas y vigilancia en el sentido del voto. Al final, la votación careció de una mampara de privacidad, y la mayoría de los senadores oficialistas mostraron públicamente sus papeletas, reflejando la dirección partidista del sufragio.
La controversia también alcanzó el ámbito de la veracidad documental, cuando surgieron denuncias sobre una carta apócrifa incluida en el expediente de su primera postulación, supuestamente firmada por el obispo y activista Raúl Vera. Piedra Ibarra argumentó que había recibido el documento y lo presentó sin cuestionar su autenticidad. Este incidente, que en otro contexto podría haber sido motivo de descalificación, fue minimizado, y su reelección avanzó pese a las dudas sobre su transparencia e imparcialidad.
Para la oposición, el respaldo a Piedra Ibarra no se explica solo en términos de competencia, sino en una orden que, según ellos, proviene de la influencia directa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, a quien la titular de la CNDH ha apoyado en momentos de tensión política. Para muchos críticos, esta reelección envía un mensaje de subordinación a los intereses políticos del gobierno, en lugar de consolidar a la CNDH como un organismo autónomo.
Mientras el Senado entonaba las tradicionales mañanitas para celebrar el cumpleaños de López Obrador, el futuro de la CNDH parecía comprometerse a una gestión alineada con el Ejecutivo. La reelección de Piedra Ibarra deja sobre la mesa preguntas fundamentales sobre la imparcialidad y legitimidad de los organismos públicos en México, y sobre los límites de la influencia partidista en instituciones que, en teoría, deberían mantenerse al margen de los intereses de cualquier gobierno.