En un giro poco habitual, un grupo de senadores republicanos, incluidos figuras de alto perfil como el exlíder Mitch McConnell, se alineó este lunes con la oposición para respaldar un proyecto de ley que busca recortar el poder del presidente Donald Trump para imponer aranceles sin aprobación del Congreso.
La iniciativa, conocida como la Ley de Revisión Comercial, plantea que el presidente solo podrá aplicar aranceles por un máximo de 60 días, a menos que el Legislativo autorice su extensión. Además, otorga al Congreso la facultad de revocar las tarifas antes de ese plazo si ambas cámaras logran consenso.
“El Congreso debe recuperar su autoridad constitucional sobre el comercio exterior”, señalaron los promotores de la ley, en una clara crítica al enfoque unilateral que ha adoptado Trump en materia comercial.
La reacción desde la Casa Blanca no se hizo esperar. En un comunicado, el Ejecutivo adelantó que vetará la legislación, alegando que “limita duramente los poderes presidenciales para definir la política exterior y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos”.
En paralelo, el congresista republicano Don Bacon impulsa una propuesta similar en la Cámara de Representantes —de mayoría republicana—, que también busca restringir las facultades del presidente sobre el comercio internacional.
Ambas iniciativas surgen pocos días después de que Trump anunciara nuevos aranceles globales del 10 %, que ya están en vigor desde el pasado sábado. El mandatario también anticipó tasas aún más elevadas para países como China y los miembros de la Unión Europea, las cuales comenzarán a aplicarse a partir del 9 de abril.
Pese al revuelo en el Congreso, Trump se ha mostrado firme: “Habrá acuerdos justos con quienes estén negociando, pero no detendremos los aranceles mientras esos diálogos ocurren”, dijo este lunes.
Para que cualquiera de los proyectos legislativos avance y se convierta en ley, se requerirá que una porción significativa de legisladores republicanos rompa filas con su partido, ya que será necesario alcanzar una mayoría calificada de dos tercios para superar el veto presidencial.
El debate revive una vieja tensión entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en torno al control de la política comercial estadounidense, en un momento en que las decisiones arancelarias del presidente han vuelto a provocar fricciones tanto dentro del país como en el escenario internacional.