Entre 2025 y 2027 un total de 1,600 cargos del Poder Judicial, entre jueces y magistrados, deberán ser elegidos a través del voto ciudadano
Ciudad de México.
México se convertirá en el primer país del mundo en elegir a todos sus jueces mediante voto popular, tras la aprobación de la polémica reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La medida, que ha generado tensiones con Estados Unidos y Canadá, y ha provocado nerviosismo en los mercados, busca reformar el sistema judicial que el mandatario considera corrupto e ineficiente.
“Vamos a dar un ejemplo al mundo porque el Poder Judicial, está más que demostrado, no imparte justicia”, declaró López Obrador, al celebrar la aprobación de la reforma.
La reforma aprobada plantea que casi 1,600 jueces y magistrados serán elegidos por la ciudadanía entre 2025 y 2027, lo que según el presidente fortalecerá la imparcialidad y la justicia en México.
Sin embargo, la medida ha sido fuertemente criticada por la Suprema Corte de Justicia, organizaciones internacionales y expertos en derechos humanos.
La presidenta de la Corte, Norma Piña, advirtió que la reforma supone la demolición del Poder Judicial al someter a los jueces a presiones políticas y criminales.
Naciones Unidas, Human Rights Watch y el gobierno de Estados Unidos han expresado preocupaciones similares, señalando que la independencia judicial se verá gravemente afectada.
El cambio legal también ha generado incertidumbre económica, con consultoras y analistas vinculando la reforma a la reciente depreciación del peso frente al dólar. Los inversionistas temen que la seguridad jurídica en el país se vea debilitada, lo que podría afectar la confianza en México como destino de inversión.
La aprobación de la reforma en el Senado, con 86 votos a favor y 41 en contra, se dio en medio de manifestaciones y enfrentamientos. Funcionarios judiciales en paro y estudiantes invadieron el recinto, lo que obligó a trasladar las deliberaciones a la antigua sede del Senado. A pesar de las protestas, Morena y sus aliados, que controlan dos tercios de las gobernaciones, parecen tener asegurado el apoyo necesario para que la reforma sea ratificada en los congresos estatales.
Los críticos de la reforma acusan al gobierno de utilizarla como herramienta para debilitar la independencia judicial y consolidar un régimen autoritario. Advierten que la carrera judicial, tradicionalmente basada en méritos, será reemplazada por un sistema politizado que favorezca a Morena.
El proceso ha tensado las relaciones de México con sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, que han manifestado su preocupación por las implicaciones de la reforma en el marco del tratado comercial TMEC.
A pesar de las críticas, López Obrador asegura que la Suprema Corte no tiene facultades para frenar la implementación de la enmienda.
Con la promulgación pendiente por la presidencia y la ratificación de los congresos locales, México se encuentra en un momento crucial de su historia judicial, mientras el debate sobre la independencia de los jueces y el futuro del sistema de justicia sigue intensificándose.