La Fiscalía General del Estado de Morelos logró que una funcionaria municipal de Tlaltizapán fuera vinculada a proceso tras agredir a la periodista Perla Selene “N”. La trabajadora, identificada como Celeine “N”, enfrenta cargos por robo calificado en grado de tentativa y amenazas, derivados de un incidente ocurrido el pasado 11 de junio en el Palacio Municipal.
El incidente
La periodista acudió al Palacio Municipal de Tlaltizapán para cubrir una nota sobre una protesta de policías municipales contra el entonces presidente municipal, Gabriel Moreno Bruno, quien recientemente había perdido la reelección en los comicios del 2 de junio.
Mientras grababa imágenes para su reportaje, Celeine “N” la sujetó del cabello e intentó arrebatarle su teléfono móvil, agrediéndola físicamente en el proceso. Según testigos, el teléfono fue arrebatado y manipulado por la funcionaria, un acto que quedó documentado en videos difundidos en redes sociales.
Proceso judicial
A pesar de que Celeine “N” no se presentó inicialmente a las audiencias programadas, enviando justificantes para justificar su ausencia, la audiencia de formulación de imputación se llevó a cabo con éxito.
La agente del Ministerio Público especializada en Delitos Patrimoniales presentó pruebas contra la imputada, lo que llevó a la jueza a imponer medidas cautelares, entre ellas, la prohibición de acercarse o contactar a la periodista.
En una audiencia posterior, la jueza resolvió vincular a proceso a Celeine “N” por los delitos mencionados y, a petición del Ministerio Público, decidió que el caso fuera atraído por un juez federal debido a la relación de la agresión con las actividades periodísticas de la víctima.
Un caso emblemático
Este caso destaca la creciente preocupación por la violencia contra periodistas en México, un problema que afecta tanto a la libertad de expresión como al ejercicio de derechos fundamentales. La resolución judicial no solo representa un avance en la búsqueda de justicia para la víctima, sino que también subraya la importancia de garantizar la seguridad de los comunicadores en el país.
La investigación continuará bajo la supervisión de las autoridades federales, mientras la imputada enfrenta su proceso penal por los delitos cometidos.