La Fiscalía Especializada solicitó el 4 de diciembre de 2019 al Congreso del Estado de Durango el desafuero de un Magistrado y una Jueza del Poder Judicial del Estado, previo a ejercer la acción penal en contra de dichos servidores públicos por tráfico de influencia y delitos cometidos en el ámbito de la administración de justicia.
Como reacción a eso, uno de los afectados promovió ante al Juez Primero de Distrito una serie de amparos al argumentar presuntas ilegalidades e información falsa por parte de los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, determinación que la Institución no comparte, toda vez que se estableció plenamente la existencia del delito y la probable responsabilidad de los inculpados, por lo que el procedimiento de imputación por la comisión de los ilícitos sigue su curso conforme lo señala la ley.
Quienes son investigados por delitos de corrupción están en su derecho de recurrir en su defensa a la figura del Juicio de Amparo.
Es una reacción entendible por quienes se sienten afectados en sus intereses por las actuaciones en combate a la corrupción. La Fiscalía Especializada, aseguró que es respetuosa al debido proceso y sus actuaciones son apegadas a la ley y a los Derechos Humanos.