En medio de una acalorada sesión nocturna, el Senado aprobó, en lo general y lo particular, la polémica reforma de supremacía constitucional que impide que se presenten amparos o controversias en contra de reformas a la Constitución. La votación se realizó pasada la medianoche, con un total de 85 votos a favor y 41 en contra, desatando intensas confrontaciones entre senadores de Morena y los del PAN, PRI y otros partidos de oposición.
La sesión, marcada por el caos y la tensión política, alcanzó su punto álgido cuando legisladores opositores irrumpieron en el pleno coreando “¡Morena, la dictadura!” y usando altavoces para interrumpir la discusión. Los panistas y priístas levantaron pancartas con mensajes de “No a la dictadura en México” y acusaron a Morena de autoritarismo. En respuesta, los legisladores de la 4T desplegaron pancartas que calificaban a la oposición de “moralmente derrotada” y bloquearon las escaleras de acceso a la mesa directiva para impedir que los opositores tomaran el control del pleno.
El clima de confrontación alcanzó su punto más álgido cuando el panista Miguel Ángel Yunes Márquez anunció públicamente su apoyo a la reforma promovida por Morena, desmarcándose de su propio partido y llamando “ladrón” al dirigente del PAN, Marko Cortés. Su declaración provocó reacciones encontradas entre los asistentes y aumentó la tensión en la sala.
A las 11 de la noche, el Senado tuvo que decretar un receso debido a los enfrentamientos verbales y las acciones de los senadores, quienes mostraron resistencia en tribuna hasta la madrugada, cuando la votación finalmente se llevó a cabo. La reforma modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, eliminando la posibilidad de que el Poder Judicial revise o anule cambios en la Carta Magna aprobados por el Legislativo. Esta medida ha sido criticada por la oposición como un “atropello constitucional”, mientras que sus promotores la defienden como una forma de consolidar la supremacía de la Constitución y evitar interferencias judiciales.
El panista Ricardo Anaya declaró que esta reforma es un “atropello” que destruye la Constitución por “un pleito político” entre el Poder Legislativo y el Judicial. Anaya afirmó que se trata de una amenaza directa al equilibrio de poderes, al impedir que los tribunales puedan intervenir para frenar reformas impulsadas desde el Congreso.
La votación de esta reforma constitucional se da en un contexto de creciente polarización política en el país, y la oposición ha anunciado que continuarán manifestándose contra lo que consideran una medida que restringe las libertades y abre la puerta a decisiones inapelables desde el Congreso.