La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que, si se demuestra la responsabilidad de los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN) en la muerte de una enfermera, un joven y una niña en Nuevo Laredo, Tamaulipas, habrá sanciones para los implicados. Sin embargo, también minimizó el incidente al señalar que las fuerzas armadas fueron objeto de agresiones previas.
Sheinbaum explicó que los hechos ocurrieron en dos episodios separados. En el primer caso, un elemento del Ejército y una enfermera civil murieron durante un enfrentamiento en el que, según la mandataria, “delincuentes dispararon contra una camioneta del Ejército”. En el segundo incidente, similar al anterior pero involucrando a la Guardia Nacional, se produjo una agresión hacia los uniformados que respondieron al ataque, lo que resultó en la muerte de dos civiles, entre ellos una niña.
La presidenta destacó que ambas situaciones derivaron de ataques dirigidos contra las fuerzas armadas, subrayando que la violencia en la región es constante y que las fuerzas de seguridad operan bajo circunstancias de alta peligrosidad. No obstante, aseguró que se investigarán los hechos y que, si se comprueba la responsabilidad de los militares, se tomarán las medidas correspondientes.
Este enfoque ha generado reacciones mixtas. Algunos sectores exigen que se dé mayor prioridad a las vidas civiles perdidas y que se garanticen investigaciones imparciales. Por su parte, la presidencia insiste en que las Fuerzas Armadas enfrentan una situación compleja en áreas dominadas por grupos criminales, donde su reacción puede verse condicionada por las amenazas inmediatas que enfrentan.
Las autoridades continúan investigando ambos episodios, mientras que la sociedad civil espera claridad y justicia en un escenario en el que la frontera entre la protección ciudadana y la violencia parece desdibujarse cada vez más.