La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado ante la Cámara de Diputados una iniciativa de ley que busca fortalecer la capacidad de investigación en materia de seguridad pública. La propuesta permitiría al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, acceder a datos telefónicos, biométricos, fiscales y registros inmobiliarios con el objetivo de combatir el crimen organizado y la delincuencia de alto impacto.
El proyecto de ley, denominado Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de Seguridad Pública, establecería un marco legal para la recolección, análisis y utilización de información estratégica en la lucha contra el crimen. Entre los registros a los que se podría acceder se encuentran los de personas morales, catastros, vehículos, placas y armas de fuego. También se prevé la interconexión de bases de datos de instituciones de seguridad en los niveles federal, estatal y municipal, así como de entidades privadas mediante convenios específicos.
El texto de la iniciativa enfatiza que el acceso a esta información deberá respetar los derechos humanos y el debido proceso, con el fin de prevenir delitos y fortalecer la capacidad de reacción ante el crimen organizado. En particular, se menciona que los sistemas de inteligencia se centrarán en la identificación y neutralización de amenazas delictivas a nivel local, nacional e internacional.
El sistema de inteligencia propuesto incluiría la colaboración de diversas instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. También contempla la interconexión con fiscalías estatales, centros penitenciarios y dependencias de seguridad pública municipales.
Asimismo, se establece que la Guardia Nacional tendría acceso a esta red de información para diseñar estrategias y productos de inteligencia en coordinación con la SSPC. De acuerdo con el documento, el sistema también podrá vincularse con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras entidades públicas relacionadas con la administración y regulación financiera del país.
La propuesta ha generado debate sobre la posible afectación a la privacidad de los ciudadanos, así como los límites del acceso gubernamental a la información personal. Mientras algunos sectores ven la iniciativa como una herramienta clave en la lucha contra el crimen, otros advierten sobre la necesidad de garantizar controles y mecanismos de supervisión que eviten abusos en el uso de datos sensibles.
El Congreso analizará la viabilidad de la propuesta en las próximas semanas, y se espera un amplio debate entre legisladores, organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad pública antes de su posible aprobación.