Silvia Delgado García, abogada que en su momento formó parte de la defensa legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, fue electa como jueza de primera instancia en materia penal en Ciudad Juárez, en medio de una creciente controversia por su perfil profesional y vínculos pasados.
La elección forma parte de un histórico proceso de selección judicial abierto al voto ciudadano, implementado por primera vez en México este año. Con una participación estatal estimada en solo el 11 %, Delgado García obtuvo más de 23 mil votos, asegurando su posición como una de las nuevas juezas que asumirán funciones tras las elecciones del 1 de junio.
Trayectoria bajo escrutinio
Delgado ganó notoriedad en 2016 al integrar el equipo legal de “El Chapo” durante su reclusión en el penal del Altiplano. En aquel entonces, realizaba visitas constantes como parte de la defensa que impugnaba la extradición del líder del Cártel de Sinaloa, hoy preso en Estados Unidos cumpliendo cadena perpetua.
Pese a su participación en ese caso, Delgado ha defendido públicamente su carrera legal, argumentando que su trabajo fue estrictamente profesional y en apego al derecho de toda persona a recibir defensa legal.
“Soy una abogada con carácter, con experiencia, y no tengo nada que esconder”, declaró durante su campaña.
Advertencias y cuestionamientos
Sin embargo, su elección ha despertado alarmas entre organizaciones civiles y sectores del Poder Judicial. El colectivo “Defensorxs” la ha calificado como una candidata de “alto riesgo”, al considerar que su cercanía con figuras del crimen organizado podría comprometer la imparcialidad que exige el cargo.
En respuesta, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado que la candidatura de Delgado se encuentra entre las 20 actualmente bajo investigación por posibles inconsistencias o vínculos comprometedores. No obstante, hasta el momento ninguna ha sido anulada.
La reforma judicial y sus sombras
Esta elección judicial directa, impulsada tras una reforma constitucional aprobada en septiembre de 2024, ha sido cuestionada por su baja participación, la opacidad de criterios para filtrar candidatos y la presencia de aspirantes con antecedentes polémicos.
Expertos advierten que la falta de controles más estrictos puede abrir la puerta a intereses ajenos a la justicia, incluidos los del crimen organizado y partidos políticos.
“Lo que debería ser un paso hacia la democratización del sistema judicial podría convertirse en una vía de infiltración”, alertó Ana Lucía Ramírez, analista en temas de justicia en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos.
Próximos pasos
Silvia Delgado está a la espera de recibir su constancia oficial como jueza electa. De no prosperar las impugnaciones en su contra, tomará posesión del cargo en las próximas semanas, en lo que se perfila como una de las decisiones judiciales más polémicas del nuevo sistema de elección popular.
Mientras tanto, el debate sobre los límites entre representación legal, reputación pública y acceso a cargos judiciales apenas comienza.