La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerró la puerta a la impugnación del Partido Acción Nacional (PAN) contra la senadora morenista Andrea Chávez Treviño, al considerar que las presuntas irregularidades denunciadas deben ser investigadas por autoridades estatales.
Por unanimidad, los magistrados del máximo órgano electoral validaron la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de declararse incompetente para atender la queja presentada por el PAN, que acusaba a Chávez de realizar actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y propaganda gubernamental en Chihuahua.
La resolución implica que será el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Chihuahua quien investigue los señalamientos que rodean a la legisladora, considerada una figura emergente dentro de Morena y cercana al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López.
Desde hace meses, la senadora ha sido blanco de críticas por su intensa promoción en territorio chihuahuense a través de espectaculares, caravanas y brigadas de salud que incluyen ambulancias y unidades móviles con su nombre e imagen impresos.
La controversia escaló cuando Latinus reveló que dichas unidades pertenecen a un empresario vinculado con contratos públicos en gobiernos morenistas. Más tarde, Proceso documentó que al menos una ambulancia estaba registrada a nombre del Instituto de Salud del Estado de México, mientras otra pertenece a una empresa ligada al priista Luis Humberto Montaño, beneficiario de contratos con la 4T.
Ante la polémica, incluso la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un mensaje velado que fue interpretado como una llamada de atención a Chávez, al anunciar que pedirá a los militantes de Morena abstenerse de adelantar campañas rumbo a 2027. El partido tiene previsto definir sus lineamientos electorales en su Consejo Nacional del próximo 4 de mayo.
En paralelo, el PAN, partido que actualmente gobierna Chihuahua, presentó una denuncia formal ante el INE, insistiendo en que Chávez debía ser sancionada por sus actos, independientemente de su aspiración estatal. Sin embargo, tanto el INE como ahora el TEPJF determinaron que, dado que los hechos se enmarcan en un contexto local, es el OPLE de Chihuahua quien debe asumir la investigación.
Con esta decisión, el caso de Andrea Chávez regresa a su estado natal, donde se medirá no solo con las leyes locales, sino también con el pulso político de cara a la elección de 2027.