A partir de este viernes, los hospitales públicos de Texas deberán preguntar a los pacientes sobre su estatus migratorio, en cumplimiento de una orden del gobernador Greg Abbott, con el objetivo de evaluar el costo de la atención a migrantes en situación irregular. Aunque los pacientes no están legalmente obligados a responder, la medida busca recopilar datos que permitan al estado reclamar al Gobierno Federal un “reembolso” por los gastos generados en atención a personas sin estatus legal.
La normativa, emitida por Abbott en agosto, ordena a los hospitales que recolecten esta información para presentar un informe inicial en marzo de 2024. Según la orden ejecutiva, este reporte deberá detallar el impacto financiero que representa la atención a la comunidad migrante sin documentos en los hospitales del estado. Abbott argumenta que los “tejanos no deberían soportar la carga económica” de la atención médica a migrantes indocumentados y ha instado al Gobierno Federal a cubrir esos costos.
Servicios garantizados por ley
Aunque la normativa requiere que los hospitales pregunten el estatus migratorio, estos no podrán negar atención a quienes decidan no responder. La ley federal vigente en Estados Unidos garantiza que todos los pacientes reciban atención de emergencia en los hospitales, sin importar su estatus migratorio. En ese sentido, la Asociación de Hospitales de Texas ha enfatizado que la orden no afecta el deber de los centros de salud de brindar servicios a toda la comunidad, incluidos migrantes indocumentados.
Además, la orden especifica que la respuesta a la pregunta sobre el estatus migratorio “no afectará el cuidado” que reciba el paciente. Sin embargo, a diferencia de la normativa de Florida, donde una medida similar se implementó el año pasado, la orden de Texas no aclara que la información recolectada no será compartida con las autoridades de inmigración.
Comparación con el sistema de Florida
Texas se suma a la estrategia aplicada en Florida, que desde 2022 recopila datos sobre la atención médica a migrantes sin estatus legal. Según un informe de la organización sin ánimo de lucro KFF, en Florida menos del 1 por ciento de las admisiones y consultas en emergencias hospitalarias han correspondido a migrantes indocumentados. La normativa de Florida, además, obliga a los hospitales a informar explícitamente a los pacientes que su estatus migratorio no será comunicado a autoridades de inmigración, un matiz que ha generado diferencias con la política de Texas.
La medida ha provocado opiniones divididas entre los legisladores y la comunidad de salud pública. Para algunos, la medida podría desalentar a los migrantes de buscar atención médica necesaria, afectando a la población indocumentada y a la comunidad en general.