Los espectáculos en vivo en el país no solo dependen de la gira de cada artista, sino también de los costos impuestos por las boleteras. Ticketmaster México anunció un incremento en su cargo por servicio, que ahora oscila entre el 22 y 24% del valor del boleto, lo que significa que casi una cuarta parte del pago del consumidor se queda en la plataforma.
La compañía, dirigida en México por Ana María Arroyo Salhuana, justificó el ajuste al señalar que busca fortalecer su infraestructura tecnológica y operativa. Entre los rubros señalados se incluyen innovaciones como boletos digitales con códigos dinámicos (SafeTix), sistemas de acceso seguro desde la aplicación móvil y plataformas capaces de soportar ventas masivas.
Según Ticketmaster, el precio base de los boletos lo determinan artistas, promotores y equipos deportivos, mientras que la boletera suma cargos adicionales, como la tarifa de servicio, la de procesamiento de pedido o, en caso de entradas físicas, la de entrega. La empresa sostiene que dichas tarifas cubren costos de tecnología, personal y seguridad de cada transacción, además de que una parte puede compartirse con recintos y promotores.
En el terreno de la regulación, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, señaló que mientras el público continúe pagando los precios impuestos, estos seguirán aumentando, pues la dependencia no regula tarifas dinámicas ni comisiones y deja que el mercado fije los costos.
No es la primera vez que Ticketmaster enfrenta cuestionamientos. La Profeco ha promovido demandas colectivas en su contra por cancelaciones, cláusulas abusivas y negativas de reembolsos. La empresa, junto con Ocesa y bajo el paraguas de Live Nation, concentra más del 64% del mercado nacional de boletaje, situación que ha motivado investigaciones por presuntas prácticas anticompetitivas y quejas recurrentes de consumidores sobre sobreventa, cancelaciones arbitrarias y reventa encubierta.
En julio de 2025, Movimiento Ciudadano intentó presionar a la Profeco con una queja formal contra Ocesa y Ticketmaster, argumentando cargos ocultos y prácticas engañosas. El partido propuso reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor para obligar a publicar precios finales desde el inicio, prohibir sobreventas y sancionar la reventa abusiva. Sin embargo, la iniciativa legislativa permanece detenida en el Congreso.
Con este nuevo incremento en las tarifas de servicio, la discusión sobre la falta de regulación y el poder de mercado de Ticketmaster vuelve al centro del debate, mientras consumidores, promotores y autoridades siguen divididos sobre cómo equilibrar la experiencia de los espectáculos en vivo con precios justos y transparentes.