El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, enfrenta un nuevo revés judicial tras recibir un segundo auto de formal prisión, ahora por su presunta responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un caso que vuelve a sacudir la política mexicana y revela la profundidad de los vínculos entre el poder y el crimen organizado.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Yarrington habría blanqueado dinero proveniente del Cártel del Golfo mediante la adquisición de bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero. La acusación está sustentada en diversas declaraciones de testigos protegidos, entre ellos Antonio Peña Argüelles, quien asegura que el exmandatario priista sirvió de puente entre líderes criminales y autoridades durante y después de su gestión (1999-2004).
Este proceso judicial se suma al que ya enfrenta por delitos contra la salud, relacionado con su presunta colaboración para facilitar el tráfico de drogas a través del estado fronterizo. Yarrington fue extraditado desde Estados Unidos el 9 de abril de 2025, luego de purgar una condena de nueve años por lavado de dinero en ese país. A su llegada, fue ingresado al penal federal de máxima seguridad del Altiplano, donde permanece recluido.
La FGR detalló que el exgobernador utilizó estructuras financieras opacas para encubrir el origen ilícito de millonarios recursos, los cuales se emplearon en la compra de al menos tres propiedades. La investigación, iniciada desde 2009, se mantiene bajo el viejo sistema de justicia penal, lo que ha permitido a la defensa presentar diversos recursos, hasta ahora rechazados por los tribunales.
A pesar de los esfuerzos legales para lograr su liberación, un tribunal federal resolvió en abril que los argumentos presentados por sus abogados eran improcedentes, ratificando así su prisión preventiva.
El caso de Tomás Yarrington no solo es un emblema de la narcopolítica que durante años se arraigó en estados clave del norte del país, sino también una prueba de la complejidad de perseguir y castigar la corrupción de alto nivel en México.