GUANAJUATO
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la autorización que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó a la empresa Chemours, el sexenio pasado, para instalarse en Gómez Palacio, Durango, donde pretendía operar una planta que produciría 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año para abastecer a la industria minera.
Este es el tercer intento fallido de The Chemours Company, en los últimos cinco años, para instalar esta planta de cianuro de sodio en México.
Inicialmente consideró construir la planta en Salamanca, pero debido a las condiciones de alta contaminación de dicho municipio, el propio gobierno del estado lo consideró inadecuado.
En agosto de 2016 presentó solicitud a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat para instalarse en San Luis de la Paz, donde surgió un movimiento ciudadano opositor que obligó a la empresa a desistirse el 29 de marzo de 2017
Pero desde el 2 de marzo de ese mismo año Chemours presentó ante la misma Semarnat la solicitud para construir su planta en Gómez Palacio, reveló el abogado Gustavo Lozano, de la organización Acción Colectiva, en una rueda de prensa ofrecida el martes 8 para dar a conocer el fallo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en contra de la compañía.
El fallo respondió a un litigio iniciado por pobladores de comunidades de Gómez Palacio en la zona donde de hecho se comenzó a construir la planta en 2017, misma que fue frenada mediante varias protestas, movilizaciones y plantones, además de un juicio de amparo.
Chemours había recibido la autorización de impacto ambiental por parte de la Semarnat en el sexenio anterior, pero también el permiso de uso de suelo y construcción de parte de la exalcaldesa Leticia Herrera y del gobernador José Rosas Aispuro.
Ambos hasta colocaron la primera piedra de la planta en el Ejido El Siete, en un evento oficial, con todo y la inconformidad de los habitantes de varias comunidades de la región que integraron el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.
El Frente denunció que la empresa había mentido a la Semarnat en la solicitud de autorización en materia de impacto ambiental, pues aseguró que se encontraba lejos de localidades habitadas, cuando en realidad en la zona hay por lo menos 22 comunidades con más de tres mil habitantes.
El Frente fue asesorado por abogados particulares, así como organizaciones ambientalistas como la Red Mexicana de Afectados por la Minería y Acción Colectiva.
Estas dos últimas también acompañaron a habitantes de San Luis de la Paz, Guanajuato, donde Chemours intentó instalarse antes de hacerlo en La Laguna, sin conseguir el respaldo de las autoridades municipales y la población.
En la conferencia, Remigio Soto Díaz –uno de los fundadores del Frente Unido de Pueblos de La Laguna– recordó la represión y detención de pobladores por órdenes de los gobiernos municipal y estatal durante una protesta realizada el 9 de marzo de 2018 en el poblado La Aurora.
“Hubo mujeres violadas, personas golpeadas y detenidos, a pesar de que era una protesta pacífica”, dijo. Cuarenta y tres personas fueron detenidas y 10 de ellas procesadas penalmente, que quedaron libres de cargos apenas este año.
“Durante tres años y medio hemos estado persiguiendo a la empresa, hemos ido detrás para lograr esto”, subrayó Gustavo Lozano sobre la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Explicó que la sentencia ordena a The Chemours Company reponer o entregar toda la documentación completa y verídica a la autoridad –Semarnat– para que ésta verifique si cumple los requisitos para obtener la autorización en materia de impacto ambiental.
“Eso nos coloca ahora no detrás de la empresa, sino frente a ella, y podremos vigilar el proceso que siga la Semarnat”, abundó Lozano.
Además de esta anulación, el actual ayuntamiento de Gómez Palacio resolvió no renovar los permisos de uso de suelo y construcción que la anterior administración le había otorgado.
En noviembre pasado, el ayuntamiento también acordó ofrecer una disculpa pública a los habitantes del Ejido El Siete, y de los poblados Dinamita, Abisinia y otros de la zona, por la represión y las detenciones arbitrarias de que fueron víctimas en la movilización de marzo de 2018.
En esa misma sesión se acordó cancelar toda posibilidad de otorgar a la empresa alguna licencia de funcionamiento por parte del gobierno municipal.
Se explicó que el fallo del Tribunal fue con la unanimidad de los magistrados de la sala superior, quienes consideraron que, con las omisiones de la empresa para presentar toda la información necesaria a la Semarnat sobre los impactos ambientales y los riesgos para la salud pública, ésta no debió de haber otorgado su autorización.
“Uno de los motivos principales por los que no podemos aceptar a esa empresa aquí en La Laguna es el agua que va a usar, y la que no va a usar nos la va a contaminar. Por ningún motivo vamos a aceptar esa planta aquí en La Laguna”, aseguró otro de los integrantes del Frente de Pueblos Unidos.
“Nos percatamos que esta empresa ya había sido expulsada de San Luis de la Paz. Contaba con procesos legales en los Estados Unidos de América por faltas cometidas contra el medio ambiente y poner en riesgo a sus propios trabajadores”, finalizó Remigio Soto.