En una nueva propuesta que ha generado intensa polémica, el expresidente y actual candidato republicano Donald Trump ha anunciado su intención de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para llevar a cabo deportaciones masivas de inmigrantes irregulares si regresa a la Casa Blanca. La ley, promulgada en tiempos de tensión postindependencia para contrarrestar posibles sabotajes y espionajes británicos, permite la expulsión de extranjeros sin el debido proceso legal, y solo ha sido utilizada en momentos de guerra.
Durante un mitin en Aurora, Colorado, Trump reveló sus planes de deportación masiva, haciendo referencia a la Ley de Enemigos Extranjeros para justificar su propuesta de expulsar a migrantes indocumentados. Apoyado por imágenes de supuestos miembros de pandillas de origen venezolano, prometió una política radical denominada “Operación Aurora”, en la que, según él, se deportarán a “criminales” inmigrantes.
Una ley histórica y controvertida
La Ley de Enemigos Extranjeros, firmada en 1798, fue creada para combatir amenazas extranjeras durante las primeras décadas de la nación. A lo largo de la historia, ha sido invocada en momentos de guerra, incluida la Guerra de 1812 y, de forma tristemente célebre, durante la Segunda Guerra Mundial. En ese periodo, el presidente Franklin D. Roosevelt la utilizó para justificar la internación de ciudadanos y residentes de origen japonés, italiano y alemán, alegando motivos de seguridad nacional tras el ataque a Pearl Harbor.
Estos campos de internamiento, que afectaron principalmente a familias de origen japonés, son uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense. Las detenciones se llevaron a cabo sin órdenes judiciales, lo que privó de libertad a miles de personas inocentes. Décadas después, en 1988, el Congreso aprobó una disculpa formal y reparaciones a los afectados, reconociendo la injusticia cometida bajo esta legislación.
Un uso sin precedentes en política migratoria
Aunque la ley permite al presidente expulsar extranjeros durante “guerras declaradas” o en caso de “invasión”, su uso para deportaciones masivas de inmigrantes irregulares no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos. La jurisprudencia ha limitado su aplicación a conflictos bélicos y actos de naciones enemigas. Sin embargo, Trump ha buscado reinterpretarla como una herramienta para combatir lo que él describe como una “invasión” en la frontera sur, en referencia al incremento de migrantes en los últimos años.
Grupos conservadores han respaldado esta interpretación, sugiriendo que la ley podría ser una “autoridad excepcional” para deportaciones. No obstante, expertos legales, como Katherine Yon Ebright del Brennan Center, advierten que este enfoque contraviene la interpretación histórica de la ley. “La lectura que propone Trump contradice siglos de práctica legislativa, presidencial y judicial”, señala Ebright, quien subraya que la ley no fue diseñada para la aplicación que propone el expresidente.
Polémica y resistencia
La propuesta ha sido recibida con una fuerte oposición por parte de grupos de derechos humanos, activistas pro-inmigrantes y políticos. Los críticos señalan que Trump utiliza casos aislados de crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados para justificar políticas que promueven la xenofobia y la criminalización masiva de comunidades inmigrantes. Diversos estudios han demostrado que los inmigrantes no son más propensos a cometer delitos que los ciudadanos estadounidenses, refutando las afirmaciones del expresidente.
En el Congreso, algunos legisladores han impulsado iniciativas para desactivar definitivamente la Ley de Enemigos Extranjeros. El año pasado, un grupo de congresistas del ala progresista del Partido Demócrata presentó el proyecto de ley “Vecinos no Enemigos”, con el objetivo de revocar esta norma, que consideran obsoleta y potencialmente peligrosa en su aplicación.
A medida que la campaña presidencial de 2024 avanza, es probable que la promesa de Trump de utilizar esta controvertida ley siga siendo un tema central de debate, dividiendo aún más a un país ya profundamente polarizado en torno a la inmigración y los derechos civiles.