En un giro que revive sus políticas migratorias más polémicas, el presidente Donald Trump firmó esta semana dos proclamaciones que endurecen el control de ingreso a Estados Unidos: una dirigida a ciudadanos de 12 países considerados “de alto riesgo” y otra contra estudiantes internacionales que planeaban ingresar a Harvard.
La Casa Blanca justificó las medidas bajo el argumento de proteger la seguridad nacional frente a “actores extranjeros peligrosos”. En un comunicado oficial, se informó que Afganistán, Myanmar, Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen enfrentan ahora una prohibición total de ingreso a Estados Unidos, debido a deficiencias en sus procesos de verificación de antecedentes.
Adicionalmente, se establecieron restricciones parciales para personas provenientes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Por otro lado, Trump firmó una proclamación que suspende por seis meses la entrada de estudiantes internacionales a Harvard, alegando supuestos vínculos de la universidad con gobiernos extranjeros, en particular con China, así como una “falta de acción” frente a expresiones antisemitas durante protestas universitarias. El Departamento de Estado podría revocar visas ya otorgadas a estudiantes actualmente inscritos.
Harvard calificó la decisión como una “represalia ilegal” y un ataque directo a la libertad académica, anunciando que buscará vías legales para revertir la medida y proteger a su comunidad internacional.
En un video publicado en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, Trump citó un reciente ataque en Colorado contra miembros de la comunidad judía como ejemplo de los riesgos de permitir el ingreso de personas “mal examinadas”. También responsabilizó a la administración Biden por las políticas “de puertas abiertas” que, según él, han provocado la presencia de “millones” de inmigrantes ilegales en el país.
Estas medidas recuerdan las polémicas prohibiciones de viaje impuestas durante su primer mandato, especialmente a países de mayoría musulmana, y reavivan el debate sobre los límites entre seguridad nacional, derechos humanos y la inclusión global.
Mientras tanto, académicos, activistas y sectores diplomáticos expresan preocupación por el impacto de estas políticas, que podrían afectar no solo las relaciones internacionales de Estados Unidos, sino también su reputación como destino educativo y país de acogida.