Por José Ramón Enríquez Herrera
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El 6 de junio, México vivió un proceso electoral histórico, sin embargo, como en cada elección, se evidenció un sistema electoral perfectible. Este momento representa una oportunidad para el debate nacional, con parlamento abierto, en torno a una nueva reforma político-electoral. La discusión no sólo deberá fortalecer el rumbo de la democracia mexicana, sino generar una mayor confianza en la ciudadanía, de tal forma que las preferencias de los votantes se expresen, efectivamente, en las decisiones de los gobernantes.
La participación ciudadana en las recientes elecciones intermedias fue cercana al 52.6%, es decir, sólo cinco de cada diez mexicanas y mexicanos emitieron su voto, por lo que aún queda mucho por hacer en función de los dos problemas con los que se enfrentan los ciudadanos en cada elección: primero, seleccionar el perfil cuyas preferencias se alineen con las propias y, segundo, una vez electo, monitorear las acciones del representante o gobernante con el propósito de que se cumplan las expectativas.
En días recientes, el Presidente expresó la necesidad de una reforma electoral con el objetivo de mejorar las reglas en los procesos electorales. La resistencia prevaleciente para entrar al debate, como en otros temas de relevancia, no se dejó esperar. Un cúmulo de voces contrarias se manifestaron olvidando que, al paso de los años y como resultado de luchas de convicción democrática, se ha ido fortaleciendo el sistema político-electoral en nuestro país.
Robustecer el andamiaje jurídico en materia electoral no busca confrontaciones ni persecuciones políticas; va más allá de reformas a conveniencia y responde a un fin superior: dotar al país de perdurables que faciliten la representación política y permitan verdaderamente la influencia y participación de los ciudadanos en la vida pública de México. El pueblo no sólo debe participar en los procesos electorales, debe ser un factor permanente en la toma de decisiones para atender los temas prioritarios de política social; seguridad; economía; empleo y oportunidades; transparencia y rendición de cuentas.
El análisis de la inminente reforma en materia electoral nos obliga a revisar el financiamiento público a los partidos políticos; el costo de cada elección; el número de diputados y senadores plurinominales; la imparcialidad y objetividad de los órganos electorales; la incorporación del voto electrónico; participación de los mexicanos que viven en el extranjero; el replanteamiento de la propaganda gubernamental; la regulación de las plataformas en internet y redes sociales, y las sanciones efectivas de los delitos electorales.
Es importante que los principios de austeridad y legalidad se consideren en el marco de esta reforma mediante cambios, como la reducción de los tiempos de campaña; concurrencia de los calendarios electorales a un solo proceso nacional y local cada seis años, en donde se elijan al presidente, gobernadores, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores; además de la consolidación de la revocación de mandato a nivel federal y local.
El camino a una reforma de gran calado tendrá bases sólidas al someterse al escrutinio y valoración de la opinión pública. Sólo una reforma incluyente que logre articular a todas y todos los votantes, académicos, cámaras empresariales, comunicadores, analistas, dirigentes políticos, así como líderes sociales, podrá ser considerada exitosa.