El presidente del Consejo de Valuadores de Durango, Juan Francisco Sánchez Carrillo, lanzó una dura crítica contra el alcalde y los regidores del Ayuntamiento de Durango, a quienes calificó de “inmaduros” por no dar la cara ante los cuestionamientos ciudadanos derivados del incremento al impuesto predial para el ejercicio fiscal 2026.
“El problema es que los políticos están acostumbrados a que les condonen los pagos y les hagan descuentos en todo, mientras que al ciudadano cumplido se le castiga”, declaró Sánchez Carrillo, al señalar que las autoridades municipales han evitado un diálogo abierto y transparente para explicar los criterios técnicos detrás del ajuste catastral y del cobro del gravamen.
El dirigente del Consejo de Valuadores manifestó su preocupación por el impacto que tendrá el aumento del predial, particularmente por la actualización de los valores catastrales, la cual consideró desproporcionada y alejada de la realidad económica de las familias duranguenses. Explicó que existen casos de viviendas que en 2025 estaban valuadas en alrededor de dos millones de pesos y que para 2026 aparecen con valores cercanos a los ocho millones, lo que se traduce en incrementos abruptos en el monto a pagar.
Si bien reconoció que el ajuste en la tasa impositiva se encuentra en un rango relativamente bajo —de entre 2 y 4 por ciento al millar—, subrayó que el verdadero problema radica en la base sobre la cual se calcula el impuesto. “No se puede hablar de incrementos moderados cuando el valor catastral se multiplica por cuatro sin sustento técnico claro”, advirtió.
Sánchez Carrillo afirmó que el Ayuntamiento ha desestimado la opinión de especialistas en valuación inmobiliaria, quienes podrían aportar criterios objetivos y acordes al mercado local para evitar abusos y generar mayor confianza entre los contribuyentes. A su juicio, la falta de consulta técnica y de sensibilidad social desalienta la cultura del pago y profundiza la desigualdad fiscal.
El representante del Colegio de Valuadores alertó además que el impacto del aumento no se limita a propietarios de vivienda, sino que también afecta a comerciantes y empresarios, quienes enfrentan una carga fiscal creciente que podría traducirse en mayores costos operativos e incluso en el cierre de negocios.