En el segundo aniversario del “Jueves negro”, fecha en la que los grupos delictivos exhibieron su fuerza y poder en la capital del estado, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública convocó a los tres órdenes de gobierno realizar un ejercicio de autocrítica sobre lo que se debe corregir y no tratar de olvidarlo.
A dos años del fallido operativo federal por capturar en esta ciudad a Ovidio Guzmán López, lo que desató la violencia, el organismo que preside Ricardo Jenny del Rincón puntualizó que persiste la demanda que se destruya los cimientos en los que se sostuvo el “Culiacanazo”.
En relación a los hechos escenificados el jueves 17 de octubre del 2019, en la capital del estado, donde grupos armados bloquearon en 14 puntos, con vehículos despojados e incendiados para cerrar todas las vías, el organismo ciudadano fijó su postura en un documento que se dio a conocer.
La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública expuso que no se olvidan los sucesos, por lo que se retoman las dudas de la sociedad que planteó hace un año y a las cuales no se ha dado respuesta, ni con hechos, ni con palabras.
En el documento se desglosan las interrogantes de cuáles han sido los avances obtenidos en las investigaciones iniciadas a raíz del “Culiacanazo”, qué políticas públicas se implementaron para el combate al crimen organizado y cuáles son los resultados.
También, se pregunta ¿qué acciones se pusieron en marcha para inhibir la portación de armas de fuego? Y ¿Qué estrategias claras medibles y evaluaciones se aplicaron contra la delincuencia a partir de los datos de información que se genero el C4i.
En su informe sobre las secuelas del frustrado intento de captura de Ovidio Guzmán López, la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, dio a conocer que las medidas de auxilio brindadas son en asesoría jurídica, asistencia sicológica, cobertura de gastos médicos y pagos funerarios de víctimas colaterales.
Oscar Fidel González Mendivil, titular del organismo, explicó que con motivos de los actos de violencia vividos hace dos años en Culiacán, se atienden a personas afectadas en 44 casos documentados.
Derivado de estos acontecimientos, se tuvo tres fallecimientos, en donde se destinó 73 mil 524 pesos con 87 centavos, en pago de sus funerales y gastos de traslado para su sepultura.
En cinco casos, con reporte de robo de vehículos, se gestionó apoyos económicos en pago de deducibles de seguros, sólo en un caso, se cubrió el siniestro total de una unidad de trabajo, de una mujer vendedora de legumbres, cuya unidad fue incendiada, externó.
TOMADO DE EL UNIVERSAL