La penalista, conocida por formar parte de la defensa del exlíder del Cártel de Sinaloa, avanza en el proceso para convertirse en magistrada federal.
Silvia Rocío Delgado, abogada penalista que en su momento integró el equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, podría dar un giro radical en su carrera: pasar del banquillo de la defensa al estrado judicial. Su nombre figura entre los perfiles considerados “idóneos” por el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para ocupar una magistratura federal, en medio de un proceso de selección que no ha estado exento de polémica.
El historial de Delgado no pasa desapercibido. Su participación en uno de los casos criminales más mediáticos de las últimas décadas le ha dado notoriedad, pero también ha desatado críticas y dudas sobre los criterios del comité evaluador. A pesar de ello, el órgano técnico ha respaldado su candidatura al considerar que cumple con los requisitos de trayectoria, preparación y experiencia profesional.
El contexto tampoco es menor: su postulación llega en un momento clave para el sistema judicial mexicano, bajo la lupa por las propuestas de reforma que buscan reconfigurar la manera en que se eligen jueces y magistrados. En este escenario, la figura de Delgado representa un símbolo de la tensión entre la experiencia en el ámbito penal y las expectativas de imparcialidad dentro del Poder Judicial.
Aunque su inclusión en la lista de aspirantes no garantiza un asiento en la magistratura, sí la posiciona como una de las candidatas con posibilidades reales de ser considerada por el Senado. De ser seleccionada, la exdefensora de uno de los criminales más célebres del país se convertiría en juzgadora, con la responsabilidad de impartir justicia desde el otro lado de la sala.
Ni la propia Delgado ni las autoridades han hecho declaraciones públicas al respecto. Por ahora, su candidatura sigue en curso, en espera de un proceso que definirá si su perfil se transforma en precedente o en controversia.