El asesinato de la joven Norma Lizbeth después de ser agredida por una de sus compañeras de la Escuela Secundaria 518 Anexa a la Normal de Teotihuacán, Estado de México, conmocionó a la opinión pública y evidenció el riesgo del acoso escolar, mejor conocido como bullying.
Los videos circularon en redes sociales, donde se aprecia a la presunta responsable del homicidio, Azahara Aylin “N”, golpear a la estudiante con una piedra, lo que le produjo un traumatismo craneoencefálico, el cual le causó la muerte el pasado 13 de marzo. Además, su fallecimiento llevó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a dictar una orden de aprehensión contra la joven de 14 años.
Aunque intentó huir junto a su madre, fue localizada en la frontera con Estados Unidos para cumplimentar la orden de arresto y ya fue vinculada a proceso tras ser llevada a un centro de reclusión juvenil en el Estado de México, el Centro de Internamiento Quinta del Bosque.
En este penal para menores de edad, un juez de control se encargará de determinar su situación jurídica; sin embargo, el carácter del sitio indica que, al no tratarse de adultos y con el objetivo de reformar o reincorporar con la sociedad a los encarcelados, solo pueden pasar alrededor de cinco años en este sitio.
Pese a que los jóvenes recluidos son acusados por la comisión de delitos graves–secuestro, asesinato, robo–, la condena máxima en dicho sitio solo alcanza ese periodo y tampoco pueden ser enviados a un penal distinto para adultos.
De esta forma, a la espera del fallo del juzgador, la agresora de Norma Lizbeth solo pasaría por un proceso de rehabilitación, donde incluso podrá continuar con sus estudios de secundaria y preparatoria, así como el aprendizaje de oficios.
“El Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, es la unidad dependiente de la autoridad administrativa encargada de cumplir y ejecutar las medidas relativas a la privación o restricción de la libertad de los adolescentes y adultos jóvenes responsables de la comisión de un hecho señalado como delito”, establece el gobierno del Estado de México.
Así, de acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, hay máximos de hasta ocho años para cumplir con la condena por la comisión de algún delito, pero algunos jóvenes quedan exentos de dicho plazo al llegar a la mayoría de edad.