Bruselas.— La crisis por coronavirus aceleró el proceso de digitalización de las redes especializadas en el tráfico de seres humanos, denunció la Comisión Europea durante la presentación de una propuesta para actualizar la estrategia de la Unión Europea para combatir este delito.
“Los grupos especializados en la trata de personas se adaptaron rápidamente a la situación generada por la pandemia, ahora la trata se produce en gran parte de manera digital”, afirma la Comisaria Europea del Interior, Ylva Johansson.
“Ciertamente no es un nuevo modelo de negocios, pero es en internet como hoy encuentran a sus víctimas y a quienes compran a las personas”.
El espacio cibernético además es explotado para cuestiones logísticas, como planificar el transporte, el alojamiento y publicitar a las víctimas.
Las operaciones en línea suponen un desafío adicional, porque dificulta aún más la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden y del poder judicial, señala el documento estratégico de la Comisión. El tráfico de personas es un fenómeno en ascenso en Europa, entre 2017 y 2018 había 14 mil víctimas registradas, en 2015-2016 la cifra era de 10 mil 932.
Esta actividad delictiva afecta de manera desproporcionada a mujeres y niñas, 72% de las victimas totales; y principalmente se trafican como objetos sexuales, el 60%; un 15% de los abusos son con fines de explotación laboral. Contrario a lo que se piensa, las víctimas no vienen del exterior, la mitad son ciudadanos de la Unión.
Los ingresos derivados de esta actividad delictiva ascienden a 29 mil 400 millones de euros al año a nivel global, de los cuales, 14 mil se estarían facturando en la Unión Europea.
La Comisión Europea prevé que la pandemia genere las condiciones para una mayor explotación. Para poner freno a este crimen el Ejecutivo comunitario pretende actualizar su plan de lucha, el cual tiene una década de antigüedad y no responde a los nuevos desafíos provocados por la crisis sanitaria.
La esencia del plan operativo para el periodo 2021-2025, explicó Johansson, radica en cambiar la ecuación: de un delito de bajo riesgo y altos beneficios a uno de alto riesgo y bajos beneficios.
“Le debemos protección a las víctimas, tenemos que llevar ante la justicia a los perpetradores que tratan a los seres humanos como una mercancía”, aseguró la comisaria sueca.
En concreto, Bruselas plantea la posibilidad de criminalizar a los explotadores y los servicios, tanto a quienes emplean a una persona víctima de la trata de blancas, como a quienes la usan como objeto.
Johansson puso como el ejemplo el caso de una chica a la que se hace prostituirse. Bajo una nueva propuesta legislativa no sólo deberá castigarse a quien comercializa su cuerpo, también al que lo compra.
El desmantelamiento de estructuras legales es otro objetivo. Los grupos especializados utilizan hoteles, clubes nocturnos y salones de masajes como fachadas para sus operaciones. Para desbaratar los negocios criminales habrá más investigaciones financieras y el desarrollo de un marco legal más sólido para identificar, incautar y confiscar activos.
Las acciones conjuntas realizadas en 2019 en ese ámbito por los Estados miembro resultaron en el arresto de 8 mil 824 sospechosos, la identificación de mil 307 víctimas, incluyendo 69 niños, el desmantelamiento de 94 agrupaciones criminales y el congelamiento de 1.5 millones de euros en activos.
Otro elemento central de la estrategia es la de crear fiscales especializados en la materia y educar a policías, agentes aduanales y servidores públicos para una mayor sensibilización ante estos casos. El plan también considera fondos apropiados para aumentar las capacidades de las agencias involucradas, así la cooperación con países terceros.
“Para abordar la situación en los países de origen y tránsito hacia Europa y fuera de Europa, se movilizará financiamiento”, sostiene el informe.
Para atacar la problemática online, la Comisión emprenderá un diálogo con las compañías tecnológicas para reducir el empleo de las plataformas como fuentes de reclutamiento y explotación.
Además del horror humano, hay una necesidad económica para actuar. El delito tiene también grandes costos sociales, en la UE se estima en 2 mil 700 millones de euros al año, lo que incluye combate, asistencia, trabajo social, protección, entre otros.