NOGALES, Estados Unidos, 15 de diciembre . — La escuela de su hija cerró después de un tiroteo entre pandillas rivales que competían por el control de las rutas de tráfico de drogas y migrantes en su localidad Chicomuselo, en el sur de México, dijo Yomara.
Luego, los vendedores de productos agrícolas fueron expulsados del mercado tras enfrentar demandas para afiliarse a las pandillas, narró. Ella temía que reclutaran a la fuerza a su esposo, Carlos, si se presentaba a trabajar en una construcción.
Después del asesinato de un destacado activista por la paz local, Yomara y Carlos, quienes omitieron sus apellidos por razones de seguridad, dijeron que ya habían tenido suficiente, cruzaron a Arizona con su hija Karla de cuatro años, a principios de noviembre, y se entregaron a gentes fronterizos de Estados Unidos.
“Era un pueblo tranquilo. Ahorita ya todos están huyendo”, dijo Yomara, de 26 años, en una entrevista en Nogales, Arizona.
Rivalidades entre grupos del crimen organizado en estados que han sido violentos durante mucho tiempo y la expansión de estos campos de batalla a otras partes del país, que antes estaban en calma, están alimentando lo que los expertos en migración llaman el mayor éxodo de familias mexicanas en la historia moderna.
La localidad natal de Yomara en el estado sureño Chiapas, que alguna vez estuvo relativamente al margen de la violencia de las pandillas, es ahora el escenario de una guerra territorial entre dos de los cárteles más poderosos de México, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.
Unos 180,000 migrantes y solicitantes de asilo mexicanos, que viajaban en grupos familiares, cruzaron la frontera hacia Estados Unidos durante los 12 meses que finalizaron en octubre, cuatro veces más que el año anterior, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, una quinta parte de los 868,000 migrantes de todas las nacionalidades que viajan en grupos familiares.
Reuters obtuvo datos de una encuesta no reportada anteriormente de la Iniciativa Kino para la Frontera, un gran refugio y centro de recursos para inmigrantes en Nogales, Sonora, y entrevistó a 21 familias de inmigrantes a lo largo de la frontera en Texas y Arizona que identificaron la violencia -y no los factores económicos- como el principal factor de su decisión de salir de México.
Las familias representan un cambio con respecto al pasado, cuando los inmigrantes mexicanos eran principalmente hombres en busca de trabajos mejor remunerados.
Alrededor del 88% de los mexicanos que pasaron por Kino este año dijeron que buscaban escapar de la violencia, según las entrevistas del centro con 6,710 personas.
OBLIGADOS A SALIR DE SUS COMUNIDADES
En 2017, fue todo lo contrario: el 87% de los 7,148 encuestados de Kino dijeron que estaban migrando por razones económicas, y sólo el 2% citó la violencia.
Esas cifras están más o menos en línea con una encuesta de 2022 realizada por la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU a más de 500 mexicanos que se mudaron al norte de México, casi todos los cuales planeaban ingresar a Estados Unidos. La encuesta encontró que el 90% había huido de la violencia, la extorsión, enfrentamientos armados o del crimen organizado.
Una cuarta parte de ellos afirmó tener un familiar desaparecido.
“Ya no sólo tenemos inmigrantes que vienen a Estados Unidos a trabajar”, dijo Pedro De Velasco, director de educación y defensa de Kino. “Estamos viendo personas que se ven obligadas a abandonar sus comunidades. Tienen que huir”.
No está claro cuántas de estas familias podrán permanecer legalmente en Estados Unidos, porque las personas que huyen de las pandillas a menudo no califican para asilo. Los solicitantes deben demostrar temor a la persecución derivada de sus creencias políticas o de pertenencia a una raza, religión, nacionalidad o grupo social en particular.
Durante las últimas dos décadas, los tribunales de inmigración negaron el 85% de las solicitudes de asilo de solicitantes mexicanos, según un análisis de la Universidad de Syracuse, la tasa de rechazo más alta de las 19 nacionalidades que solicitan asilo con mayor frecuencia.
“Es rarísimo el mexicano que obtiene asilo argumentando que viene huyendo de la violencia del crimen organizado”, dijo Víctor Clark, experto en seguridad y migración del Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana, quien ha trabajado durante años como testigo experto en casos de mexicanos que solicitan asilo en Estados Unidos.
“Pero muchos de ellos vienen con esa ilusión de que van a tener un asilo en las cortes”, afirmó.
Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo a Reuters que los inmigrantes mexicanos que no califican para permanecer en Estados Unidos son devueltos regularmente a México. Cuando se le preguntó sobre la actividad de los cárteles que impulsaba a las familias hacia el norte, dijo que no había estadísticas disponibles.
NINGÚN LUGAR ES SEGURO
María, una trabajadora de la salud del estado occidental Michoacán, que ha sido sacudido por el conflicto durante años, dijo que huyó con sus tres hijos en octubre después de que el CJNG matara a su pareja y le entregara la cabeza en una caja dejada en la puerta de su casa.
El incidente quedó captado por las cámaras de seguridad. María, cuyo nombre completo fue reservado por razones de seguridad, explicó que planeaba buscar asilo en Estados Unidos y estaba esperando una cita en la aplicación para teléfonos inteligentes CBP One, administrada por el Gobierno, para acercarse a la frontera, porque temía que el grupo pudiera encontrarla en cualquier lugar de México.
“¿A dónde se mete uno en México donde no esté ese cartel, donde esté uno seguro?”, dijo la mujer.
Ese miedo está impulsando a la gente a cruzar la frontera, dijo Falko Ernst, analista senior del International Crisis Group, señalando que a medida que los cárteles se expanden, a veces recurren a redes remotas de asociados para rastrear a las personas usando sus nombres y fotografías.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asumió el cargo en 2018 prometiendo revertir una crisis de seguridad de décadas rompiendo con la guerra de sus predecesores contra los cárteles de la droga y priorizando programas para ayudar a los pobres.
Desde entonces, la tasa de pobreza ha caído seis puntos porcentuales. Sin embargo, si bien la tasa de homicidios a nivel nacional ha disminuido desde su máximo en 2019, los homicidios han aumentado este año en Guerrero, Chiapas y Morelos, estados de donde muchos de los migrantes huyen hacia el norte.
Esos tres estados también registraron un aumento en los secuestros durante el último año.
Críticos a la política de seguridad de López Obrador dicen que su administración no ha logrado frenar la impunidad y la corrupción, lo que ha permitido a los grupos criminales afianzar o expandir aún más sus operaciones.
El gobierno de México no respondió a solicitudes de comentarios.
El mandatario ha dicho que gran parte de Chiapas es pacífica, aunque ha reconocido que grupos del crimen organizado cerca de la frontera con Guatemala están luchando por controlar el flujo de drogas desde Centroamérica.
En una de sus conferencias de prensa diaria, en octubre, dijo que 15,000 miembros de las fuerzas armadas habían sido desplegados en todo el estado.
Para algunas familias mexicanas, el simple hecho de cruzar la frontera es un alivio.
“Ya me siento más tranquilo, más con paz”, dijo Carlos, de Chiapas, mientras su familia esperaba junto con docenas de otros inmigrantes mexicanos un autobús desde la frontera hasta un refugio en Tucson.
“Pues por la niña, que va a estar bien”, agregó.
con información de Reuters
TOMADO DE LA JORNADA