Tijuana, Baja California.- Mientras las autoridades niegan el crecimiento de la adicción al fentanilo, las sobredosis relacionadas con esta sustancia han aumentado un 636 % entre 2019 y 2021, según un informe publicado por el portal informativo Animal Político.
Este incremento afecta principalmente a poblaciones callejeras en Baja California, donde el consumo de drogas mezcladas con fentanilo es cada vez más frecuente, alertó en un estudio la organización Elementa Derechos Humanos (Elementa DDHH).
En el documento se subraya que Baja California se encuentra en un contexto particular debido a su posición fronteriza, ya que la garita de San Ysidro es un punto estratégico para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Esto ha hecho de Tijuana un territorio en disputa entre grupos del crimen organizado, lo que incrementa la inseguridad y los riesgos para las personas usuarias de drogas en situación de calle.
De acuerdo con el informe “Entre la calle y el uso: situación de los derechos humanos de personas que habitan calle y usan drogas en Tijuana y Mexicali”, la introducción del fentanilo en las drogas vendidas en las calles ha generado mayores riesgos para la salud. Desde 2019, al menos el 75 % de las sustancias analizadas contenían fentanilo, y para 2023, el 100 % de las pruebas realizadas resultaron positivas. En la mayoría de los casos, los consumidores combinan fentanilo con heroína y metanfetamina, lo que amplifica los daños.
La falta de datos recientes sobre el consumo de drogas en México ha dificultado la creación de políticas públicas efectivas. Aunque la Norma Oficial Mexicana (NOM-028) menciona la reducción de daños como estrategia, Elementa DDHH señala que estas directrices no se aplican de manera adecuada debido a la falta de recursos, restricciones normativas y la carencia de apoyo gubernamental para organizaciones locales que buscan implementar acciones concretas.
Las personas usuarias de drogas que habitan las calles enfrentan además graves vulneraciones a sus derechos humanos. Acoso policial, confiscación de pertenencias y operativos para desalojarlos de espacios públicos son algunos de los problemas que padecen, según Elementa DDHH. Este estigma y persecución institucional agravan la exclusión social y dificultan su acceso a servicios básicos de salud.
El informe también destaca que las mujeres usuarias de drogas enfrentan violencias específicas y sistemáticas. Además de las agresiones físicas y psicológicas, muchas son víctimas de violencia sexual y extorsión. Este enfoque de género, según la organización, es fundamental para comprender y atender la problemática de manera integral.
Ante esta situación, Elementa DDHH llamó a las autoridades a priorizar políticas basadas en un enfoque de derechos humanos y salud pública. Estas estrategias deben buscar mitigar el impacto del consumo de fentanilo, garantizar el acceso a servicios básicos y proteger a los sectores más vulnerables de la población