A través de una máquina de rayos X, elementos de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano decomisaron 180 ampolletas al parecer con fentanilo en una empresa de mensajería y paquetería en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro.
Como parte de las acciones estratégicas para evitar la distribución de armas de fuego, divisas y narcóticos, los elementos ingresaron a la empresa de mensajería y solicitaron autorización para realizar un rastreo preventivo a los paquetes recién llegados y listos para su entrega.
Aleatoriamente, el personal sometió diversos paquetes a la máquina de rayos X notando que uno de ellos contenía ampolletas.
Al abrir la caja localizaron 30 cajas de medicamento controlado con la leyenda fentanilo, sin ninguna documentación que amparara su legal procedencia ni transportación; cada caja contenía seis ampolletas con la sustancia dando un total de 180.
Las ampolletas que venían procedentes de Durango fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República en Querétaro.
“La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano reforzaron su compromiso de cumplir con las tareas encomendadas para inhibir el tráfico de sustancias de dudosa procedencia que puedan poner en riesgo la salud de los mexicanos”, se lee en un comunicado.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/G2365MLHNJFBZOXCEBHEAAJWUM.jpeg%20420w)
Las ampolletas que venían procedentes de Durango fueron aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República en Querétaro. (Foto: Cuartoscuro)
TRANSPARENCIA Y GN
De acuerdo con una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), laGuardia Nacional (GN) deberá transparentar y entregar una versión pública sobre los casos en que elementos del cuerpo de seguridad han hecho uso de la fuerza entre mayo de 2019 y marzo del 2021.
En Sesión Ordinaria del Pleno del INAI, el comisionado Adrián Alcalá Méndez, señaló que una persona requirió los reportes pormenorizados por uso de la fuerza que elaboró la GN durante las fechas señaladas previamente bajo el argumento de la que Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza estipula que siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones, deberán presentar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato.
No obstante, se señaló que la institución reservó de manera íntegra los informes policiales homologados al considerar que su publicación dañaría la seguridad pública y pondría en peligro a los servidores públicos operativos. Asimismo, apuntó que afectaría las funciones en materia de prevención y persecución de delitos.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/M6PIEN4VVNHIPCF2UQPMSXQ5SM.jpg%20420w)
Efectivos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en la ciudad de Tapachula, estado de Chiapas (México). EFE/Juan Manuel Blanco
En este sentido, Alcalá Méndez determinó que no es procedente la reserva de todos los documentos y que los reportes públicos que deberá entregar la GN a modo de versión pública, deberán contener, como mínimo, el nombre, adscripción, datos de identificación del agente, así como el nivel de fuerza utilizado, las circunstancias de tiempo, modo, lugar de los hechos y las razones que motivaron la decisión del agente de emplear dicho nivel de fuerza, entre otros datos, en caso de haber utilizado armas letales.
Además, reiteró que las instituciones deben esforzarse por promover su máxima divulgación con el fin de que la sociedad pueda conocer si el uso de la fuerza al que hace referencia cada reporte está relacionado con los principios de absoluta necesidad, legalidad, proporcionalidad y rendición de cuentas.
No obstante, acotó el Comisionado, se llegó a la determinación de que procede la reserva por seguridad pública de las descripciones e identificaciones de toda clase de armas o explosivos presentes en los reportes, debido a que tal información reflejaría la capacidad de reacción y el estado de fuerza de la GN frente al crimen organizado y no organizado, ya que es información para medir el nivel específico de protección que puede brindar el sujeto obligado a la ciudadanía, en casos concretos.
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