Eliminar la subcontratación laboral traerá “graves consecuencias” para el actual gobierno, al alejar la inversión extranjera a países que tengan esquemas con flexibilidad laboral, y complicará el cumplimiento de los compromisos en materia laboral que firmó México en el T-MEC, advirtieron organizaciones internacionales como la World Employment Confederation (WEC), la International Organisation of Employers (IOE) y la American Society of México (Amsoc).
En una carta dirigida al Congreso de la Unión, estos organismos señalaron que la eliminación del outsourcing dificultará el cumplimiento de los acuerdos laborales suscritos por el país en el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Este tratado busca homologar las condiciones de trabajo de América del Norte, donde hay, cuando menos, 25 millones de trabajadores en algún esquema de outsourcing”, detalló la misiva.
De estos 25 millones, añade, en México poco más de cinco millones de empleados tiene una fuente formal bajo el esquema del outsourcing.
Los organismos que en conjunto tienen presencia en más de 50 países del mundo señalaron que las inversiones de las empresas europeas, asiáticas y sobre todo estadounidenses, pueden optar por llevar sus plantas productivas a otros países con mayor solidez económica y esquemas laborales flexibles.
Miguel Pérez García, quien lidera la Confederación Mundial de Empleo (WEC) en Latinoamérica, consideró que este modelo de contratación es una “solución inmejorable para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia”.
“Se trata de un esquema ampliamente utilizado en los países más desarrollados, en especial, en Canadá y Estados Unidos, principales socios comerciales de México”, afirmó.
El líder de la WEC en América Latina añadió que este modelo permite crear empleo formal, proteger a los trabajadores, hacer más eficientes los costos y contar con modelos innovadores y focalizados en materia de gestión de personal.
Pérez García recordó que en estos momentos toma relevancia el llamado que realizó la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para proteger a los trabajadores durante la emergencia sanitaria a través de medidas flexibles que incentiven el empleo. En este sentido, el directivo pidió reconsiderar el potencial de la tercerización y certeza jurídica para que las empresas operen en el país, ya que, subrayó, “es un esquema transversal que forma parte de todas las actividades económicas e impulsa a las empresas de cualquier tamaño”.
Sostuvo que se desincentivaría la inversión, puesto que muchas empresas recurren a ella como una manera de conseguir personal capacitado y concentrarse en sus actividades centrales.
Este miércoles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el sector privado, retomaron las mesas de diálogo para alcanzar un acuerdo de reforma laboral de cara al periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que inicia en febrero.
Los organismos añaden que, de concretarse la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le restaría competencia a la región de Norteamérica y enviaría un pésimo mensaje a la inversión extranjera, particularmente a un nuevo gobierno en la Casa Blanca.
“Todo ello va a tener un impacto político electoral en las elecciones de julio próximo y el problema de inseguridad social será un detonante de la paz social”, añadieron los representantes internacionales del la industria laboral.
El mandatario federal impulsa una reforma que elimina la subcontratación y promueve un modelo de servicios especializados, pues considera que las empresas usan este modelo laboral para no pagar prestaciones a sus empleados.