Al defender la nueva investigación del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, apuntó al Ejército como responsable del asesinato y la desaparición de seis de los 43 normalistas, que se presume, se habrían mantenido con vida cuatro días después de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Afirmó que podría haber acciones en el marco de la justicia militar, pues en ningún momento los mandos activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en caso de elementos desaparecidos.
De haberse hecho, aseguró, se hubiera evitado la muerte del soldado infiltrado y la desaparición de los demás jóvenes.
Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, férreo defensor de las Fuerzas Armadas, el titular de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa implicó al entonces coronel José Rodríguez Pérez de ordenar la muerte y la desaparición del grupo de jóvenes.
Rodríguez Pérez, ascendido a general Brigadier en 2015, tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería en septiembre de 2014, con sede en Iguala, al que instruyó salir a investigar lo que estaba sucediendo con los normalistas.
“Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”, refirió.
Con base en información “corroborada con llamadas al teléfono de emergencia 089”, Encinas Rodríguez detalló que los seis estudiantes estuvieron privados de la libertad en “la bodega vieja”, sin precisar el lugar exacto, y de ahí habrían sido entregados al coronel.
“Mandaron cocinar a 10 de los estudiantes e incluso hay la información, corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos varios días y con vida en lo que llaman ‘la bodega vieja’ y de ahí fueron entregados al coronel, como ven en los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos”.
Lo anterior, comentó el funcionario, demuestra que los normalistas nunca estuvieron juntos, como lo plantea la “verdad histórica”, que establece que los 43 estudiantes fueron detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula y esparcidos sus restos en el río San Juan, “porque en muchos de los casos era tal la magnitud de la movilización de sicarios y el número de muchachos que pretendían desaparecer que se reubicaron en distintos puntos” aledaños a Iguala.
Señaló que queda demostrada la participación de las Fuerzas Armadas en los hechos, además de la presencia del soldado Julio César López Patolzin, normalista infiltrado de la Sedena, quien desapareció junto con los estudiantes y que en ningún momento sus mandos superiores activaron el protocolo de búsqueda.
“En ningún momento sus mandos superiores activaron el mecanismo de búsqueda que establece el protocolo de búsqueda de la Secretaría de la Defensa Nacional, que, de haberse aplicado este protocolo para garantizar la integridad física y evitar la desaparición del soldado Patolzin, evidentemente hubiera evitado la desaparición de todos los muchachos”, dijo el subsecretario.
Anunció que en el caso de López Patolzin hay responsabilidades dentro de la justicia militar, porque no se aplicó dicho protocolo. Añadió: “Pero también hay testimonios de la intervención, no solamente en los recorridos, en la conferencia de prensa, en el hospital Cristina, en otros sitios como el puente del Palacio de Justicia, de los elementos de las Fuerzas Armadas, sino que participaron en otras acciones”.
Encinas Rodríguez reiteró que el caso Ayotzinapa constituyó un crimen de Estado y que la “verdad histórica” que presentó el extitular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, preso en el Reclusorio Norte, se diseñó en reuniones de la Presidencia de la República, en las que participaron los más altos niveles del gobierno federal.
“Cuando señalamos que la ‘verdad histórica’ se diseñó en los más altos niveles del gobierno federal, involucra a todas aquellas personas que participaron en las reuniones de la Presidencia de la República en la discusión de estos temas, es ahí donde habrá que ubicar no solamente el diseño, sino particularmente la operación y la implementación de estas acciones que en muchos casos hay presunción de alteración de la escena del crimen.
“Y particularmente lo que está plenamente acreditado es el haber creado una verdad fundada en actos de tortura contra las personas detenidas”, puntualizó.
Insistió en que en todo momento las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes y su omisión no solamente llevó a la desaparición de los mismos, sino a la muerte de por lo menos otras seis personas. Por lo que, fueron omisas y negligentes, existiendo elementos de presunción respecto a alterar hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos.