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    Hacer obligatorio el cubrebocas genera riesgo de violación de derechos: Gatell

    Ante la iniciativa enviada por el gobernador de Colima, Ignacio Peralta, al Congreso local para que se sancione con más de 40 mil pesos de multa a quienes no usen cubrebocas en el espacio público, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, consideró este miércoles en la conferencia sobre COVID-19 que ese tipo de medidas generan un riesgo de violación a los derechos humanos.

    Por ello, señaló que el gobierno federal no apoya la obligatoriedad de portar tapabocas, que además es una herramienta que si bien funciona como auxiliar para no contagiar a otras personas y es recomendable para cuando se está en espacios cerrados, no protege del contagio ni es más efectivo que otras acciones como el distanciamiento social.

    “Todas las medidas se deben hacer con estricto apego al respeto de los derechos humanos. Ya vivimos una situación en un estado en particular donde hubo un operativo local que llevó a una muy lamentable, como lo son todas, defunción de una persona por un abuso en la fuerza pública invocando que no se había cumplido una disposición legal, local, del uso de cubrebocas”, señaló, en referencia al presunto asesinato del joven Giovanni López a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el pasado 4 de mayo.

    “Opinamos desde el gobierno de México que hay que tener mucho cuidado cuando las medidas de control sanitario hacen responsable a la persona, o a las personas, cuando se multiplican por 127 millones de personas. Cuando se hace responsable a la persona de lo que le ocurre a los demás, con un carácter obligatorio, se establece coerción por parte de la fuerza del Estado”, expresó.

    “Y eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos sociales, por una violencia social muy lamentable, puede resultar en el enorme riesgo de que se vuelvan a abusar de los derechos humanos”.

    López-Gatell dijo que se respeta la soberanía del Estado de Colima, pero también se analizará si una autoridad local tiene competencias legales para dictar medidas extraordinarias como esa.

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