El gobierno acata resolución inapelable que obliga a modificar políticas sobre maíz genéticamente modificado; aseguran que la decisión busca preservar el comercio con Estados Unidos.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, eliminó las restricciones al maíz transgénico para cumplir con el fallo del panel de solución de controversias del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La medida fue formalizada mediante un acuerdo firmado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento deja sin efecto diversas disposiciones que formaban parte del decreto emitido en febrero de 2023, durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, el cual limitaba el uso de maíz genéticamente modificado y glifosato por razones de salud pública y protección a la biodiversidad.
Obligación tras el fallo del T-MEC
El panel de solución de controversias, cuya decisión es inapelable, recomendó a México modificar las restricciones al maíz transgénico por considerarlas contrarias a las disposiciones comerciales del tratado.
El acuerdo publicado señala que, en cumplimiento del fallo, todas las limitaciones administrativas relacionadas con el maíz transgénico quedan sin efecto, conforme a la Ley sobre la Celebración de Tratados que establece la obligatoriedad de acatar resoluciones internacionales.
Reacciones del gobierno
En diciembre de 2024, tras darse a conocer el fallo, el gobierno de México manifestó su desacuerdo con la decisión. Argumentó que las restricciones al maíz transgénico estaban alineadas con la protección de la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de su postura, aseguró que acataría la resolución para evitar sanciones comerciales.
Iniciativa de reforma constitucional
A pesar de la eliminación de las restricciones, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el pasado 23 de enero una iniciativa ante la Cámara de Diputados para prohibir el cultivo de maíz transgénico mediante una reforma constitucional. La propuesta busca proteger los maíces nativos y garantizar la soberanía alimentaria del país.
El tema ha generado un fuerte debate entre sectores agroindustriales, ambientalistas y expertos en salud pública, quienes sostienen posiciones encontradas sobre los beneficios y riesgos del maíz genéticamente modificado en México.