La expresidenta de municipal de Gómez Palacio, Durango, y actual candidata por la alianza PRI, PAN y PRD, Juana Leticia Herrera Ale, para la misma alcaldía, se encuentra a todo galope en la carrera por recuperar uno de los bastiones más importantes de la entidad; sin embargo, carga a cuestas denuncias por actos de corrupción y vínculos con personajes bajo investigación por lavado de dinero.
A casi un mes de renovarse 38 alcaldías y la gubernatura en el estado, Herrera Ale fue colocada estratégicamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para establecer los acuerdos necesarios y consolidar la alianza con los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, pues la dos veces presidenta municipal de Gómez Palacio, ha construido una estructura que le puede ayudar en todas las regiones del estado.
Hasta ahí todo parece pintar bien para la alianza “Va por Durango”, solo que omitió las 10 denuncias presentadas por el ayuntamiento de Gómez Palacios, Durango, en el periodo del 2019 al 2022, ante la Fiscalía Especializada Anticorrupción y la Fiscalía General de la República (FGR), bajo las carpetas de investigación: FECC/DGO/DGO/012/2020; FECC/DGO/GZP/015/2020; FED/DGO/GZP/0000528/2020; FED/DGO/GZP/0000503/2020; FED/DGO/GZP/00085/2020; FECC/DGO/DGO/71/2020; FECC/DGO/DGO/79/2020; FED/DGO/GZP/0000721/2020; FECC/DGO/GZP/008/2021 y FECC/DGO/DGO/0043/2020.
Todas las denuncias van desde contratos por más de 143 millones de pesos a empresas, sin que hayan realizado servicios; apoyos sin entregar por 143 millones de pesos; gastos no especificados por más de 100 millones; más de 130 millones depositados en efectivo en 618 cuentas en dos meses y retirados en ese mismo periodo; obras inconclusas como la “casa Faya”, la cual tenía recursos federales por un monto de 8 millones de pesos.
Las pérdidas para el municipio fueron constantes como la de un millón de pesos por medidores de agua no instalados; 90 millones de pesos pagados al fondo federal Fortamun por servicios que no se encuentran registrados en expedientes; otorgamiento y autorización de salarios y pensiones a administraciones pasadas por un monto superior a los 68 millones de pesos; además de licitaciones no realizadas y por lo tanto, no ejecutadas por la cantidad de 8 millones de pesos.
Por si las denuncias no fueran suficientes, la Fiscalía Antocorrupción del estado tiene una orden de aprehensión en contra de su ex tesorero municipal, Óscar García Villareal, aunado a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya bloqueó sus cuentas y lo denunció ante la FGR.
Misteriosamente, las averiguaciones en contra de la alcaldesa y su ex tesorero no han avanzado, lo que deja a los duranguenses con mucho qué pensar a la hora de emitir su voto este próximo mes de junio.
EXCELSIOR