Durango es uno de los pocos estados de México donde parece que nunca pasa nada y la violencia no hace acto de presencia. Ni siquiera suele aparecer entre las veinte entidades más conflictivas.
Según el informe “Galería del Horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios”, realizado por la ONG Causa en Común, Durango solo registró 22 hechos de violencia extrema en todo el 2021, una cifra muy alejada de su vecino Zacatecas, el cual registró 230 “atrocidades” en 2021 producto de la disputa que mantienen el Cártel de Sinaloa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)
El estudio definió como “atrocidad” el “uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, y/o para provocar terror”.
El gobernador de Durango por el Partido Acción Nacional (PAN), José Rosas Aispuro Torres, ha llegado afirmar que en el estado “no tenemos secuestros, ni trata de personas, lo que nos convierte en uno de los estados más seguros del país”.
Sin embargo, a principios de la década pasada, Durango era el escenario de una sangrienta guerra entre Los Zetas y un grupo local al servicio del Cártel de Sinaloa: Los Emes, dirigidos por Mario Núñez Meza, El M-10.
Entonces los secuestros, extorsiones, cobros de piso, tráfico de droga y narcomenudeo estaban a la orden del día. Pero todo cambió cuando Joaquín El Chapo Guzmán envió a uno de sus jefes de seguridad, Felipe Cabrera Sarabia, a “pacificar” la inseguridad que ahí se vivía.
Aquella “pacificación” resultó en una aniquilación extrema. Un miembro de Los Emes, Bernabé Monje, El M-14, le reveló al Ejército mexicano la ubicación de fosas en las que Cabrera y su grupo inhumaban los cuerpos de sus enemigos. En una de ellas había 89 cadáveres. En total fueron desenterradas 219 personas en todas las fosas.
Cabrera Sarabia también era conocido como “El rey de la heroína”, pero fue detenido en 2011 por las autoridades. El poder quedó en manos de sus hermanos, Alejandro (detenido en 2013 y enviado a las Islas Marías), Alberto (muerto en un enfrentamiento en 2012) y José Luis, el líder actual de la organización que hoy protege, como brazo armado o grupo operativo, los intereses de Ismael el Mayo Zambada en Durango.
Después de desterrar a Los Zetas y exterminar a los Emes, el Cártel de Sinaloa estableció una pax narca en la región que se ha prolongado hasta el día de hoy. Según revelaron dos operadores del Chapo, los mellizos Pedro y Margarito Flores, los Cabrera tenían en su nómina a personal de seguridad estatal y federal, a personajes de la Suprema Corte y también funcionarios de la PGR.
Precisamente el periodista Óscar Balderas, de la revista digital emeequis, acaba de revelar que, según documentos del Ejército, un senador de Morena, José Ramón Enríquez Herrera —expresidente municipal de Durango por la alianza PAN/PRD—, fungió como enlace entre un jefe de plaza de Los Cabrera y candidatos procedentes de prácticamente todos los partidos.
Dicho jefe de plaza, conocido como El G-1, financió sus campañas y luego les impuso funcionarios en cargos estratégicos, según el documento dado a conocer por el reportero.
“El gobierno federal envía soldados y guardias nacionales a Zacatecas. Inaugura cuarteles en Zacatecas. Va a los municipios de Zacatecas en donde aparecen muertos y más muertos. Y, sin embargo, la violencia crece, porque el problema de Zacatecas no está solamente en Zacatecas. Está más al norte. Un poco más al norte”, apuntó el periodista Héctor de Mauleón.
TOMADO DE INFOBAE