CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.
Un Tribunal de Enjuiciamiento de Ciudad Juárez condenó a más de 34 años de prisión al sacerdote Aristeo Trinidad Baca por los delitos de violación y abuso sexual en agravio de una niña de ocho años que lo auxiliaba como monaguilla en su parroquia.
El 23 de febrero pasado, los jueces Carlos Rodríguez García, Florina Coronado Burciago y Arnulfo Arellanes Hernández encontraron responsable al cura, y en la audiencia de este martes acordaron que la autoridad ejecutora decida dónde computará la pena, pues hasta ahora se encontraba sujeto a prisión domiciliaria.
El Tribunal determinó que el expárroco cometió el delito de violación al finalizar diciembre de 2015, un abuso sexual en septiembre de 2016 y otra violación el 28 de enero de 2018, en la parroquia que él dirigía, de acuerdo con la causa penal 43/2020.
La representación social solicitó la pena máxima de 83 años de prisión para el sacerdote, pero el Tribunal lo sentenció a 34 años, cinco meses y 10 días, además de que deberá pagar 17 mil 529.60 pesos de multa.
La audiencia de individuación de la pena inició ayer y continuó este martes, con manifestaciones a favor y en contra del sacerdote afuera de los juzgados.
En esta última etapa, las partes solicitaron la presentación de más testigos para acreditar los daños generados a la niña y a la familia, quienes tuvieron que mudarse de casa y de identidad, así como un certificado médico efectuado a Aristeo Baca.
El párroco de Santa María de la Montaña fue detenido en enero de 2019 y desde entonces permanece en prisión domiciliaria. Durante el juicio se comprobó que gozaba de privilegios, dado que ha recibido visitas y celebraba misas desde ahí.
El juicio oral duró 15 días, lapso en el que la Fiscalía Especializada de la Mujer acreditó penalmente la culpabilidad del padre, quien ahora tiene 76 años.
La representación social, apoyada por organizaciones civiles especializadas en la defensa de la niñez y contra la violencia de las mujeres, presentó 20 testigos, peritajes oficiales y pruebas documentales, para demostrar que el sacerdote agredió sexualmente a la víctima al menos en tres ocasiones, entre 2015 y 2018.
Durante el juicio, el secretario del ayuntamiento de Juárez, Maclovio Murillo Chávez, pidió licencia para dejar el cargo y sumarse a la defensa de Aristeo Baca, quien defendió que la víctima mentía y que señalaba un delito cometido en privado, que no habían demostrado.
La Fiscalía argumentó que la evidencia presentada en el juicio indica que el imputado quebrantó la relación de confianza y se aprovechó del acceso que tenía con la víctima, quien se desempeñaba como monaguilla en la misma casa parroquial donde el imputado oficiaba misa.
La niña y sus padres denunciaron los hechos en 2019, cuando la familia detectó el rechazo de la afectada hacia el cura y ella decidió contarles lo sucedido.
Por el impacto psicológico y social que implica este caso, la Fiscalía Especializada de la Mujer, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en el estado (CEAVE), ha dado acompañamiento a la víctima, ahora una adolescente de 14 años, y a su familia, para procurar la justicia sin distingo de clase social o económica.
Cambio de domicilio por presión social
La niña, víctima del sacerdote, decidió decir a sus papás que había sido violada cuando notaron que ella se rehusaba a acercarse al sujeto abusador. La familia fue rechazada por sus vecinos, ya que eran parte de la comunidad de la parroquia.
La directora de la CEAVE, Irma Villanueva, dio a conocer que la familia de la niña llegó a solicitarles apoyo a los dos meses de interponer la denuncia, porque la situación ya era muy difícil para ellos.
“Le hemos agradecido a la familia la oportunidad y la paciencia que ha tenido en este acompañamiento que diseñamos a partir de la primera entrevista. Llegaron dos meses después. Son casos que llegan porque necesitan la asesoría y acompañamiento más allá del Ministerio Público que recibe el caso, por lo delicado que es”, detalló la funcionaria.
La CEAVE diseñó la estrategia de acompañamiento para tratar el caso como personas desplazadas. La niña ha tenido el acompañamiento psicológico permanente de una psicóloga de la Secretaría de Desarrollo Social, y la familia de la CEAVE. Les apoyaron para cambiar de domicilio y puedan continuar y rehacer sus vidas.
“La comunidad, cuando denunciaron, empezó a hacer demandas públicas defendiendo al padre. Ellas se sentían con temor de que les fuera a pasar algo. Al inicio el sacerdote se atrevió a buscar al papá en su trabajo, no sabíamos con qué intenciones lo hacía. Por eso generamos una estrategia integral con protección, atención psicológica a toda la familia, ayuda, apoyos asistenciales temporales para enfrentar esto.
“Cuando sucede un delito, cimbra a la familia, pero cuando a partir de ese delito tienes que cambiar de domicilio, cambia toda tu vida, tus ingresos, la estabilidad, la escuela, tu vida hecha. Tienes que cambiar todo. La familia tiene afectaciones que se han atendido dos años que llevamos de acompañamiento”, agregó.
Villanueva destacó que cuando se trata de una persona con poder religioso y social, que tiene una imagen tan fuerte ante la sociedad, juarense, en este caso, porque hacía mucha labor social y era muy conocido, las víctimas se enfrentan no sólo a una persona sino a una estructura de poder.
Para la CEAVE, dijo la funcionaria, el caso es muy significativo si se toma en cuenta que de acuerdo con la última encuesta nacional de victimización que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de todos los delitos que se cometen sólo 10% se denuncia, y de este porcentaje sólo la mitad llega a juicio. De los que llegan a juicio, más de 3% recibe una sentencia.
“Entonces, que este caso llegue a juicio es paradigmático porque está vinculado a alguien con poder político y social; es un logro de las víctimas porque casi no se denuncian. Estos casos quedan en la clandestinidad, este caso, pues, es de pederastia, no es cualquier caso”, enfatizó Irma Villanueva, quien destacó que los padres de la niña le creyeran y denunciaran.
La víctima, abundó, es una niña que tiene mucha claridad sobre lo que pasó y así lo denunció.
#YoSiTeCreo #YoLeCreoALaNiña
Diferentes organizaciones, como la Red de por la Infancia en Ciudad Juárez, Red Mesa de Mujeres, Son Violencia, Movimiento Estatal de Mujeres, entre otras, se unieron para exigir un juicio imparcial en el que se escuchara y aceptaran las pruebas de la niña.
#YoSiTeCreo #YoLeCreoALaNiña fue el grito permanente por dos semanas para exigir a los jueces que resolvieran con perspectiva de género y de infancia, hasta que escucharon la palabra culpable, por parte del Tribunal.
El día que el Tribunal acreditó la culpabilidad del párroco, afuera de los juzgados en Ciudad Juárez esperaban las activistas con pancartas donde se leía: “Justicia en la tierra, así como en el cielo”.
En el mismo espacio, otro grupo de feligreses intensificó sus oraciones con cirios, crucifijos e imágenes católicas.