DURANGO, DGO.
La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, adscritos a la Vicefiscalía Región Laguna, logró la vinculación a proceso de Antonio “N”, por la presunta responsabilidad en el delito de robo a interior de establo, en perjuicio de una persona del sexo masculino.
De acuerdo con los elementos de prueba que sustentan la carpeta de investigación, la madrugada del 23 de junio del presente año, el ahora imputado en compañía de cuatro personas del sexo masculino ingresaron a un establo denominado “Granja Ana”, ubicado en la carretera Vergel-El Chimal, a la altura del kilómetro 4 en el municipio de Gómez Palacio, Dgo., lugar en el que por medio de la fuerza amagaron a un empleado del establecimiento.
Posteriormente, se apoderaron de la cantidad de 75 mil pesos en efectivo, así como de un rifle marca Winchester calibre .308, una pistola tipo revolver calibre .22 marca Smith & Wesson, así como un rifle marca Walther calibre .22, para luego retirarse del lugar.
Tras tomar conocimiento de este suceso, los elementos de la PID realizaron las indagatorias correspondientes, se analizaron los elementos de prueba recabados en el lugar por parte de Servicios Periciales, y tras el cruce de información, así como trabajos de inteligencia, permitieron que el Agente del Ministerio Público integrara debidamente la carpeta de investigación, logrando establecer la presunta responsabilidad de Antonio, quien fue detenido mediante orden de aprehensión el 18 de julio del presente año.
Finalmente, se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso el pasado 22 de julio, en la que el Juez de Control dictó la medida cautelar de prisión preventiva, misma que deberá cumplir al interior del Centro de Reinserción Social No. 1, fijándose un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
Mencionar que el Fiscal General del Estado, Lic. Daniel Rocha Romo da respuesta a las demandas de los empresarios de establos, y se continúa con operativos en coordinación con demás corporaciones federales y estatales, para inhibir este tipo de delitos.