La Cámara de Diputados aprobó en lo general, durante la madrugada de este miércoles, la controvertida reforma al Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 359 votos a favor y 135 en contra, la mayoría conformada por Morena y sus aliados dio luz verde a la iniciativa que incluye cambios sustanciales, como la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y la desaparición del Consejo de la Judicatura, que será reemplazado por un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
La votación, realizada “de viva voz” durante aproximadamente una hora, se llevó a cabo en el Salón de Armas de la Magdalena Mixhuca, luego de que trabajadores de juzgados y tribunales federales bloquearan los accesos al Palacio de San Lázaro, sede original del Congreso, en protesta por la reforma constitucional. Ante esta situación, las fracciones legislativas de Morena y sus aliados decidieron trasladarse a una sede alterna para continuar con el debate y la aprobación del dictamen.
Uno de los puntos más polémicos de la reforma es la figura de los “jueces sin rostro”, un mecanismo propuesto para proteger a los jueces que trabajen en casos relacionados con el crimen organizado. Este modelo busca salvaguardar la identidad de los juzgadores y reducir las amenazas contra ellos.
Por otro lado, los partidos de oposición, encabezados por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), votaron en contra de la reforma. Los legisladores del PAN expresaron su rechazo votando “bajo protesta”, argumentando que la propuesta debilita la autonomía del Poder Judicial y abre la puerta a la politización de la justicia. En el mismo tono, PRI y MC advirtieron sobre los riesgos de eliminar el Consejo de la Judicatura y otorgar mayores atribuciones a un nuevo órgano administrativo controlado por el poder político.
La aprobación en lo general es apenas el primer paso del proceso legislativo, ya que se espera un debate más exhaustivo en lo particular, donde podrían ser discutidos varios puntos específicos de la iniciativa. No obstante, el respaldo mayoritario del bloque oficialista sugiere que la reforma podría avanzar sin mayores modificaciones.
Mientras tanto, la comunidad judicial sigue en alerta, temiendo que los cambios propuestos afecten su independencia y operación. Las protestas frente al Congreso continúan, reflejando el descontento de jueces, magistrados y otros trabajadores del Poder Judicial, quienes consideran que la reforma amenaza su autonomía y los expone a mayores presiones externas.