Con 35 votos a favor, el Congreso de Puebla designó a Rosa Isela Sánchez Soya como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). Sánchez, quien es cercana al gobernador electo Alejandro Armenta, obtuvo el cargo pese a los señalamientos de falta de experiencia en derechos humanos y la relación con el equipo político del mandatario entrante. Abogada desde 2018, participó activamente en la campaña de Armenta y actualmente su hija forma parte del equipo de transición del gobernador electo.
La elección de Sánchez Soya generó críticas de colectivos y activistas, quienes consideran que no demostró un conocimiento profundo sobre los problemas de derechos humanos en Puebla durante su comparecencia ante el Congreso. Las organizaciones que respaldaron su candidatura están mayormente relacionadas con el asistencialismo, la filantropía y asociaciones religiosas, como Fundación Unidos para Servir A.C. y Templarios del Mundo A.C., en contraste con otras candidaturas que tenían un perfil activista y experiencia en la defensa de derechos humanos.
En el proceso de selección participaron reconocidos activistas, como Marco Antonio Moreno, abogado defensor de derechos sexuales y reproductivos; Luisa Núñez Barojas, madre buscadora y fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla; y el abogado Luis Soriano Peregrina, con una trayectoria en derechos humanos. Al final, quedaron como finalistas Sánchez y Moreno, pero la mayoría de legisladores de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano votaron por Sánchez, mientras que el PAN se abstuvo de votar, argumentando que no recibieron suficiente información sobre los candidatos.
La designación de Sánchez contrasta con las críticas que el propio Armenta ha hecho en su libro Por Amor a Puebla, donde cuestiona la falta de independencia de la CEDH. Sin embargo, al impulsar a una persona cercana, se enfrenta ahora a las mismas críticas por la falta de autonomía que él mismo denunció en sus predecesores. La situación ha generado preocupación entre sectores de la sociedad civil y activistas locales, quienes temen que la CEDH se vuelva aún más dependiente del gobierno estatal.