Quito, 29 de septiembre (EFE).- El Presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, informó este miércoles de que son 116 los reos fallecidos y 80 los heridos tras el enfrentamiento registrado el martes en la Cárcel Número 1 de Guayaquil, conocida también como Penitenciaría del Litoral.
El mandatario, en una rueda de prensa, calificó de “lamentable” y “triste” el resultado de la reyerta en dicha cárcel, y remarcó que hasta el momento se han reportado “116 fallecidos y cerca de 80 heridos; todas son personas privadas de la libertad, no hay ningún personal civil” o de guías penitenciarios.
“Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales”, subrayó Lasso, y dijo que una de las primeras acciones para hacer frente a este fenómeno ha sido declarar el “estado de excepción” en todo el sistema penitenciario del país.
Asimismo, el gobernante indicó que ha comenzado un proceso de coordinación entre diferentes instituciones del Estado, con el objetivo de, “con absoluta firmeza, recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador”.
Remarcó que el Gobierno busca proteger los derechos humanos de los reclusos y también acompañar a los familiares de los reos y que, para ello, se ha habilitado un coliseo para atenderlos con información sobre sus parientes.
Lasso mencionó que el Gobierno, desde hace algunos meses y por los recurrentes episodios de violencia en las cárceles, había diseñado un plan que busca fortalecer el control de las prisiones, por medio de importantes inversiones en infraestructura y en tecnología de vigilancia.
Ese plan tenía una duración de dos años, comentó el mandatario, pero dijo que ante la actual situación acelerará el proceso que comenzará de inmediato en la Penitenciaría del Litoral.
Agregó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) recibirá los recursos necesarios para emprender con este plan en la cárcel de Guayaquil, pero que luego se extenderá a otras prisiones.
De acuerdo con RT, la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició una investigación al respecto, detalló que seis de los muertos habrían sido decapitados.
ESTADO DE EXCEPCIÓN CARCELARIA TRAS MOTÍN
Este miércoles Lasso declaró un estado de excepción en todo el sistema penitenciario, tras la masacre, que dejó más de 100 muertos, registrada este martes en la Cárcel Número 1 de la ciudad de Guayaquil (suroeste), por un enfrentamiento entre bandas de delincuentes.
“Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo”, señala el documento suscrito por el Jefe del Estado.
El anuncio sobre la declaración de la medida excepcional se dio luego de que se publicara en redes sociales que los muertos por el motín carcelario de este martes ascendía a unos 110 y que 70 de ellos habían sido encontrados en los pabellones 9 y 10 de la Penitenciaría de Guayaquil, tras un registro efectuado por unidades tácticas de la Policía.
Ayer, luego de una primera intervención de unidades especiales, el Jefe policial Fausto Buenaño, había informado que eran 24 los reos asesinados y 49 heridos, mientras que el Gobernador (representante del Ejecutivo) de la provincia de Guayas, Pablo Arosemena, indicaba que la situación estaba bajo control.
Sin embargo, este miércoles, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), en su cuenta de Twitter, precisó: “Hasta el momento se confirman más de 100 PPL (personas privadas de libertad) fallecidas y 52 heridos”, y aclaró que la Policía, junto con la Fiscalía, “continúan levantado información”.
De su lado, el despacho del Presidente Lasso informó que se declaró el estado de excepción y que se ha programado una reunión de los cuerpos de seguridad para evaluar la situación.
En el decreto ejecutivo, el gobernante indicó que la medida excepcional “se fundamenta en las circunstancias que han afectado gravemente los derechos de personas privadas de libertad, del personal del cuerpo de seguridad penitenciaria y de miembros de la Policía”