La posibilidad de que determinados comercios y actividades económicas dejen de aceptar dinero en efectivo ha generado cuestionamientos jurídicos tras la aprobación de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, que otorgaría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) facultades para establecer sectores donde únicamente se permitan transacciones electrónicas.
La legislación, aprobada por el Senado de la República el pasado 20 de octubre de 2026 y enviada al Ejecutivo federal, busca impulsar la modernización de los sistemas de pago en México. Sin embargo, algunas de sus disposiciones han abierto una discusión sobre los límites de la autoridad administrativa y sus posibles efectos en los derechos de consumidores y comerciantes.
Uno de los aspectos que genera mayor controversia se encuentra en los artículos 13 al 16, donde se contempla que Hacienda pueda identificar sectores estratégicos y actividades económicas en los que los pagos digitales se conviertan en la única modalidad aceptada.
Esto implicaría que ciertos establecimientos podrían quedar impedidos para recibir billetes y monedas, dependiendo de las actividades que sean incluidas en las disposiciones correspondientes.
Especialistas cuestionan facultades otorgadas a Hacienda
Los especialistas en derecho Ron Snipeliski y Alfredo Uruchurtu advirtieron que el nuevo esquema podría presentar problemas de constitucionalidad, principalmente porque consideran que el Congreso no estableció límites suficientemente precisos sobre las actividades, operaciones o cantidades sujetas a restricciones.
Desde su perspectiva, permitir que una dependencia federal determine dónde puede utilizarse dinero en efectivo podría generar conflictos con principios constitucionales relacionados con la libertad de comercio y la seguridad jurídica.
También señalaron que la legislación no define con suficiente precisión los criterios para identificar los sectores considerados estratégicos, situación que podría otorgar un amplio margen de decisión a las autoridades administrativas.
Personas sin acceso a servicios bancarios podrían enfrentar dificultades
Otra de las preocupaciones se relaciona con las consecuencias que tendría la medida para quienes no cuentan con tarjetas bancarias, teléfonos inteligentes, acceso estable a internet o herramientas para realizar transferencias electrónicas.
Los especialistas consideran que imponer pagos exclusivamente digitales en determinadas actividades podría dificultar la adquisición de productos y servicios, especialmente entre sectores de la población que dependen del efectivo para realizar sus operaciones cotidianas.
Aunque la legislación contempla excepciones cuando existan fallas tecnológicas o contingencias que impidan procesar pagos electrónicos, persisten interrogantes sobre los procedimientos para acreditar esas situaciones y permitir temporalmente el uso de efectivo o cheques.
Hacienda tendría plazos para definir las nuevas disposiciones
Conforme al esquema aprobado, una vez que la ley entre en vigor, la Secretaría de Hacienda dispondría de 15 días hábiles para identificar los sectores y actividades que quedarían sujetos a las nuevas reglas.
Posteriormente, las autoridades competentes contarían con otros 15 días hábiles para establecer las condiciones de implementación, incluyendo posibles periodos de adaptación para los establecimientos involucrados.
Es importante precisar que la legislación no establece la desaparición general del dinero en efectivo en México, sino la posibilidad de restringir su utilización en actividades específicas que sean determinadas por las autoridades.
Asimismo, las advertencias sobre una posible inconstitucionalidad corresponden a interpretaciones de especialistas y no a una resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Hasta la información disponible al 22 de octubre, el decreto había sido enviado al Ejecutivo federal y no se había acreditado su publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso necesario para determinar su entrada en vigor.
La discusión continuará en torno a la necesidad de modernizar los medios de pago sin generar restricciones desproporcionadas para los ciudadanos ni afectar el acceso a bienes y servicios de quienes todavía utilizan principalmente dinero en efectivo.
