En medio de una sesión marcada por ausencias clave, negociaciones políticas y fuertes señalamientos, el llamado “Plan B” de la reforma electoral avanzó en comisiones del Senado, evidenciando fracturas dentro del bloque oficialista y un endurecimiento del discurso por parte de la oposición.
Durante más de tres horas de discusión en comisiones unidas, el dictamen fue aprobado por mayoría; sin embargo, la ausencia de legisladores del Partido del Trabajo (PT) llamó particularmente la atención, pese a que horas antes habían reiterado públicamente su alianza con Morena. La falta de estos senadores en el debate evidenció diferencias de fondo que no lograron resolverse, incluso tras varios días de diálogo.
El principal punto de desacuerdo gira en torno a la figura de la revocación de mandato. Mientras el PT planteó que este ejercicio se realice en el tercer o cuarto año de gobierno, el dictamen mantiene la propuesta de llevarlo a cabo en la elección intermedia, lo que generó inconformidad entre sus filas y derivó en su ausencia durante la discusión.
A pesar de este desencuentro, figuras clave del oficialismo sostuvieron encuentros dentro y fuera de la sesión para intentar destrabar diferencias. La presencia de liderazgos políticos en el recinto, dialogando de manera paralela a la discusión formal, dejó ver la intensidad de las negociaciones internas que acompañan el avance de la reforma.
Por su parte, la oposición lanzó críticas contundentes al contenido del dictamen. Legisladores señalaron que la reforma no cumple con la promesa de reducir privilegios en el sistema electoral, sino que, por el contrario, podría abrir la puerta a un uso político de los recursos públicos, particularmente en lo que respecta a la promoción de la figura presidencial.
Senadores de distintos partidos advirtieron que el proyecto permitiría fortalecer la presencia mediática del Ejecutivo, lo que, a su juicio, representa una ventaja indebida en el escenario político-electoral. También cuestionaron que se mantengan prácticas que en el pasado fueron señaladas como indebidas, acusando al oficialismo de replicar conductas que antes criticaba.
El debate subió de tono cuando se trajeron a la mesa ejemplos recientes de procesos políticos en entidades federativas, utilizados por la oposición para señalar presuntas irregularidades y advertir sobre los riesgos de la reforma. En respuesta, legisladores afines al oficialismo defendieron la participación ciudadana y desestimaron las acusaciones, asegurando que los procesos han sido legítimos.
En este contexto, también surgieron señalamientos sobre posibles tensiones internas dentro de la propia alianza gobernante. Desde la oposición se advirtió que el PT podría ser presionado para respaldar el dictamen en etapas posteriores, mientras que voces más moderadas llamaron a privilegiar el diálogo y evitar una ruptura.
Más allá del resultado en comisiones, el avance del “Plan B” deja al descubierto un escenario político complejo, donde las alianzas se mantienen, pero no sin fricciones. La ausencia del PT en un momento clave no solo refleja diferencias técnicas, sino también un pulso político sobre el rumbo de la reforma y el equilibrio de poder dentro del bloque oficialista.
Con el dictamen aprobado en esta etapa, se espera que la discusión continúe en el pleno del Senado, donde se anticipa un debate aún más intenso. En juego no solo está el contenido de la reforma electoral, sino también la cohesión de las fuerzas políticas que la impulsan y la credibilidad del proceso ante la ciudadanía.