Por: Paul Moriel Quiralte
Durante décadas pensamos que los datos eran solo información técnica. Hoy sabemos que son mucho más: son poder, infraestructura social y base de decisiones públicas.
Tal vez por eso empieza a ser útil pensarlos de otra manera.
Tal vez los datos no son el nuevo oro. Tal vez es mejor comprarlos con el agua.
La comparación no es exagerada. Así como el acceso al agua dejó de ser un asunto técnico para convertirse en un derecho humano reconocido internacionalmente, el acceso, control y uso de los datos está emergiendo como uno de los grandes debates éticos y políticos del siglo XXI. Y la inteligencia artificial está acelerando ese proceso.
Durante años se repitió que los datos eran el “nuevo oro”. Pero el oro es escaso y pertenece a unos cuantos. El agua, en cambio, es un recurso común del que depende la vida de todas las personas.
Pensar los datos como agua implica reconocer algo fundamental: son esenciales para participar en la sociedad digital, requieren regulación pública, deben distribuirse con equidad y generan tensiones entre interés comercial y derechos humanos.
La Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de la UNESCO establece que el desarrollo tecnológico debe centrarse en la dignidad humana, la equidad y la justicia social (UNESCO, 2021). Esto cambia la pregunta central de nuestro tiempo: la discusión ya no es solo quién posee los datos, sino quién tiene derecho a ellos.
Durante muchos años la protección de datos personales se basó en el consentimiento individual. Pero hoy sabemos que ese modelo es insuficiente.
Las personas no siempre comprenden cómo se usan sus datos, no tienen alternativas reales para negarse y no controlan su reutilización algorítmica.
Por eso la gobernanza contemporánea de datos exige algo más profundo: responsabilidad institucional, transparencia y supervisión pública efectiva. La protección de datos dejó de ser solo una cuestión de privacidad individual. Hoy es también una cuestión de justicia social.
Existe además otra dimensión poco visible en esta discusión: los datos generan valor económico. Y casi nunca sabemos quién lo recibe.
El uso de datos en sistemas de seguridad pública muestra otro dilema relevante. Herramientas algorítmicas pueden ayudar a detectar redes de trata de personas, pero también pueden reproducir sesgos históricos si no existen mecanismos adecuados de supervisión.
Aquí la perspectiva de derechos humanos establece límites y la ética orienta las decisiones.
Así como el acceso al agua requiere infraestructura, regulación y acuerdos sociales, el acceso a los datos exige marcos legales claros, estándares de interoperabilidad, políticas de privacidad efectivas y participación ciudadana informada.
En los próximos años veremos consolidarse una nueva generación de derechos relacionados con los datos: el derecho a saber cómo se utilizan, el derecho a decidir sobre su reutilización, el derecho a beneficiarse de su valor y el derecho a no ser discriminado por algoritmos.
Tal como ocurrió con el agua durante el siglo XX, los datos podrían convertirse en el eje de una nueva agenda de derechos humanos en el siglo XXI.
El desafío no es tecnológico. Es político. Y es, sobre todo, un desafío de responsabilidad pública.
Referencias
• UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris: UNESCO.
• UNESCO. (2023). Readiness Assessment Methodology (RAM): A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.
• UNESCO & Prince Mohammad Bin Fahd University. (2023). Futures Literacy Laboratory Playbook.
• Floridi, L., et al. (2018). AI4People: An Ethical Framework for a Good AI Society. Minds and Machines
• Couldry, N., & Mejias, U. (2019). The Costs of Connection. Stanford University Press.