Cinco ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) manifestaron su apoyo a la posibilidad de revisar sentencias definitivas, una postura que abriría la puerta a modificar el principio de cosa juzgada, uno de los pilares tradicionales del sistema judicial mexicano.
El debate surgió en el análisis de un caso mercantil donde se discutía la procedencia de la nulidad de juicio concluido. Aunque el asunto era específico, la discusión llevó a reflexionar sobre la facultad del Poder Judicial para corregir fallos emitidos en etapas finales del proceso, especialmente cuando existan indicios de fraude, simulación o vicios graves.
Las ministras Lenia Batres, Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, junto con los ministros Hugo Aguilar e Irving Espinoza, se pronunciaron a favor de impulsar criterios que permitan reabrir sentencias cuando existan irregularidades de fondo. La Corte confirmó mediante un comunicado que contar con esta herramienta es necesario para garantizar justicia y brindar certeza jurídica a la ciudadanía.
“La posibilidad de corregir los casos en donde se comprueben acciones para torcer la justicia es necesaria para que la SCJN cuente con herramientas que brinden certeza y paz social”, señaló el máximo tribunal.
Un nuevo proyecto será discutido en el futuro para establecer los límites, alcances y procedimientos de esta facultad extraordinaria.
Posturas dentro del Pleno
A favor de revisar sentencias
Lenia Batres: Defendió que los actos contrarios a la ley deben ser nulos y que la Corte requiere un recurso extraordinario para corregir sentencias ajenas a la legalidad y a la justicia.
Irving Espinoza: Consideró que permitir revisiones excepcionales evitaría la “repetición de injusticia tras injusticia” y corregiría juicios viciados.
Hugo Aguilar (ministro presidente): Preguntó si puede existir “cosa juzgada” cuando la sentencia deriva de fraude o contubernio.
Sara Irene Herrerías: Votó en contra del proyecto, lo que se interpreta como apoyo a revisar la cosa juzgada en casos excepcionales.
Loretta Ortiz: Respaldó la acción de nulidad y señaló que esta fortalecería las sentencias en asuntos fraudulentos.
En contra de abrir sentencias conclusas
Giovanni Figueroa: Afirmó que la cosa juzgada es un pilar de la convivencia social y convertir la nulidad en regla afectaría la estabilidad del sistema judicial.
Yasmín Esquivel: Advirtió que permitir la nulidad podría abrir la puerta a revisar hasta 1.5 millones de amparos resueltos anualmente, generando incertidumbre jurídica e interminables procesos.
María Estela Ríos: Señaló que revisar sentencias atentaría contra la paz social y que la Corte no debe crear instancias no previstas por el legislador. Sugirió que el fraude debe sancionarse por la vía penal.
Arístides Rodrigo Guerrero: Respaldó mantener la obligatoriedad de la cosa juzgada por seguridad jurídica