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    CJNG diversifica su imperio: tráfico de mercurio para minería ilegal deja ganancias de $8 mil millones

    El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha encontrado una nueva veta de oro, literal y criminal: el tráfico de mercurio. De acuerdo con un informe de la Environmental Investigation Agency (EIA), entre 2019 y 2025 el grupo criminal ha traficado más de 200 toneladas de mercurio desde México hacia países sudamericanos, generando utilidades superiores a $8 mil millones de dólares.

    Este negocio, hasta ahora poco documentado, ha resultado tan rentable como las rutas tradicionales de narcotráfico, pero con un perfil de riesgo operativo mucho menor. El mercurio es esencial en la minería de oro artesanal e ilegal en países como Perú, Bolivia y Colombia, donde su uso permite separar el oro de sedimentos de manera rápida, aunque con devastadores efectos ambientales.

    Querétaro: la mina del crimen organizado

    El reporte identifica al estado de Querétaro como el epicentro de esta actividad ilícita. Al menos 19 minas de mercurio están bajo control operativo del CJNG, muchas de ellas localizadas dentro de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda, una zona protegida. Las operaciones no sólo violan regulaciones ambientales mexicanas, sino también compromisos internacionales como el Convenio de Minamata, que restringe el comercio global de este metal pesado.

    Las minas Cristo Vive, El Mono, La Fe y La Peña se han convertido en auténticos polos de extracción y acopio, desde donde el mercurio es enviado hacia los puertos del Pacífico, para después ser camuflado y trasladado a Sudamérica en cargamentos de minerales o productos industriales.

    De México al Amazonas: una ruta tóxica de oro y muerte

    El negocio es simple y letal: el mercurio mexicano llega a regiones amazónicas donde la minería ilegal de oro, a menudo operada por mafias locales, requiere de este químico para extraer el metal precioso. El impacto es devastador: contaminación de ríos, destrucción de hábitats y envenenamiento de comunidades indígenas.

    Uno de los decomisos más recientes ocurrió en junio de 2025, cuando las autoridades peruanas interceptaron cuatro toneladas de mercurio escondidas entre piedras cernidas en el puerto de Callao. Según la EIA, ese cargamento podría haber sido utilizado para producir alrededor de 172 millones de dólares en oro ilegal.

    Un trío letal: oro, mercurio y drogas

    El informe advierte que esta red de tráfico de mercurio forma parte de un “trío letal de oro‑mercurio‑droga”, en el que el CJNG aprovecha las rutas logísticas ya establecidas para el narcotráfico, diversificando sus fuentes de ingreso de manera exponencial.

    “El crimen organizado ha encontrado en el mercurio un negocio de bajo perfil, pero de altísima rentabilidad. La minería ilegal de oro en Sudamérica no podría sostenerse sin este insumo, y los cárteles mexicanos están llenando ese vacío con la misma eficiencia con la que mueven drogas”, señala el documento.

    Impacto ambiental y vacío legal

    A pesar de que México es signatario del Convenio de Minamata, la supervisión y control sobre la extracción de mercurio en minas abandonadas o semi‑reguladas sigue siendo débil. La combinación de altos márgenes de ganancia y un bajo riesgo de persecución legal ha convertido a este tráfico en un “negocio perfecto” para organizaciones criminales como el CJNG.

    La contaminación del mercurio en la cuenca amazónica está siendo señalada como una de las emergencias ambientales más graves en la región. Comunidades indígenas, pescadores y agricultores son las principales víctimas de esta actividad, cuyos efectos sanitarios pueden ser irreversibles.

    Un desafío para la seguridad global

    Este fenómeno plantea un reto mayúsculo a los gobiernos de México y Sudamérica, pero también a los organismos multilaterales que combaten el tráfico de sustancias tóxicas. Las autoridades peruanas y colombianas han intensificado operativos, pero advierten que el flujo de mercurio sigue activo y adaptándose a nuevas rutas.

    El informe de la EIA será presentado en la próxima Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata, donde se espera que se propongan sanciones más severas y mecanismos de trazabilidad internacional.

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