Familiares de dos hombres originarios de Trinidad y Tobago presentaron una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, al que acusan de negligencia y asesinato extrajudicial, tras un ataque militar ocurrido en aguas del Caribe durante la ofensiva antidrogas impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
La acción legal fue interpuesta con el respaldo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y señala como víctimas a Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, quienes murieron el 14 de octubre luego de que un misil impactara la embarcación en la que viajaban de regreso a su comunidad en Las Cuevas, Trinidad y Tobago, procedentes de Venezuela.
De acuerdo con la demanda, ambos hombres trabajaban de manera temporal en territorio venezolano en actividades como pesca, cuidado de ganado y labores agrícolas, y no tenían vínculo alguno con el narcotráfico. La lancha en la que se transportaban fue la quinta embarcación destruida por fuerzas estadounidenses en esa zona del Caribe.
Los familiares —Lenore Burnley, madre de Joseph, y Sallycar Korasingh, hermana de Samaroo— fundamentaron la denuncia en la Ley de Muertes en Alta Mar y en la Ley de Reclamaciones por Agravios contra Extranjeros, al considerar que el ataque violó tanto el derecho interno de Estados Unidos como normas del derecho internacional, que prohíben la privación arbitraria de la vida.
Según el documento legal, dos días antes del ataque las víctimas se comunicaron con sus familias para informar que habían conseguido transporte marítimo para regresar a casa. Esa fue la última vez que se supo de ellos con vida.
Desde agosto de 2025, Estados Unidos ha realizado más de 35 ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, con un saldo superior a 110 personas fallecidas, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. La ofensiva se intensificó luego de que la administración Trump clasificara a diversos cárteles latinoamericanos como organizaciones terroristas, justificando así operaciones militares en aguas internacionales.
El caso podría sentar un precedente legal al cuestionar la legalidad y proporcionalidad de estas acciones militares y abrir el debate sobre la responsabilidad del Estado estadounidense por muertes de civiles en operativos antidroga fuera de su territorio.