Expertos en temas forenses y derechos humanos alertan que México atraviesa una crisis forense sin precedentes, con más de 4 mil 500 fosas clandestinas y alrededor de 6 mil 200 cuerpos localizados en estos sitios. A esto se suman unos 4 mil 600 restos humanos adicionales, mientras que las cifras de fosas comunes y de cadáveres resguardados por el Estado permanecen poco claras y sin registros públicos confiables.
La Plataforma Ciudadana de Fosas indica que entre 2006 y 2024, las fiscalías estatales reportaron 5 mil 532 fosas clandestinas, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció únicamente 630, lo que refleja discrepancias significativas entre registros oficiales. La mayoría de los cuerpos localizados se concentran en estados como Jalisco, Sonora y Guanajuato.
Las fosas comunes, operadas por el Estado en panteones ministeriales y morgues, son utilizadas para inhumar restos no identificados o no reclamados. Por su parte, las fosas clandestinas están vinculadas al crimen organizado, localizándose en zonas rurales o inmuebles donde se ocultan víctimas de homicidio y desaparición forzada.
Especialistas señalan que la falta de transparencia y la negativa sistemática de información por parte de las autoridades dificulta a las familias conocer el paradero de sus seres queridos. Edith Hernández, integrante de un colectivo de buscadoras, aseguró que esta opacidad representa otra forma de violencia y podría considerarse una extensión de la desaparición forzada, al ocultar la ubicación y cantidad de cuerpos en las fosas.
En el país, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay más de 133 mil personas desaparecidas, y se estima que alrededor de 72 mil restos humanos permanecen sin identificar. La situación evidencia la necesidad de políticas de transparencia, coordinación entre autoridades y protocolos forenses más efectivos para atender esta crisis humanitaria y garantizar justicia a las familias afectadas.