Autoridades anticorrupción de Campeche detuvieron a Carlos Alberto Medina Hernández, exdirector de Comunicación Social del Gobierno del Estado, por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos mediante empresas que habrían facturado operaciones simuladas.
La detención fue realizada en la capital campechana en cumplimiento de una orden de aprehensión relacionada con investigaciones por presuntos delitos financieros y peculado cometidos durante administraciones anteriores.
De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche, el exfuncionario estaría relacionado con la contratación y pago de servicios a empresas señaladas como facturadoras de operaciones simuladas.
Las autoridades investigan un presunto desvío de 36 millones de pesos del erario estatal, derivado de pagos efectuados a compañías que, según las pesquisas, no habrían acreditado materialmente la prestación de servicios de difusión institucional.
Carlos Alberto Medina Hernández se desempeñó como director de Comunicación Social durante la administración de Carlos Miguel Aysa González, quien asumió la gubernatura de Campeche después de Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, actual dirigente nacional del PRI.
Tras su captura, el exfuncionario fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente y en espera de la audiencia inicial en la que se determinará su situación jurídica.
La detención ocurre en medio de otras investigaciones por presuntos desvíos de recursos públicos en Campeche. Esta misma semana también fue detenido en la Ciudad de México Luis Antonio Espinosa Campos, identificado como contador de Emigdio Gabriel Rojas, hermano de Alito Moreno.
Espinosa Campos enfrenta una investigación por un presunto peculado superior a 97 millones de pesos, relacionado con pagos realizados durante la administración encabezada por Alejandro Moreno.
Ambos casos forman parte de las investigaciones que mantienen las autoridades campechanas sobre el manejo de recursos públicos en administraciones anteriores.
Las personas señaladas deberán ser consideradas inocentes mientras no exista una sentencia firme que determine su responsabilidad.
