En la Cámara de Diputados surgió una iniciativa que parece broma, pero no lo es. El legislador Armando Corona Arvizu, del partido Morena, presentó una propuesta para castigar con cárcel a quienes creen o difundan memes, stickers, videos o audios manipulados con inteligencia artificial (IA) que puedan “ridiculizar” o dañar la reputación de una persona.
El proyecto, que adiciona los artículos 211 Bis 8 y 211 Bis 9 al Código Penal Federal, busca —según su justificación— combatir el ciberacoso y los deepfakes, pero su redacción ambigua ha generado preocupación entre especialistas y usuarios de redes sociales por el riesgo de censura y abuso político.
De acuerdo con la iniciativa, quien “cree, manipule, transforme, reproduzca o difunda imágenes, videos, audios o representaciones digitales” generadas o modificadas con IA sin consentimiento, y con el fin de “ridiculizar, acosar, suplantar o dañar la reputación o dignidad de una persona”, podría recibir penas de tres a seis años de prisión y multas económicas.
El texto va más allá: si la víctima es un servidor público, la pena aumenta hasta en una mitad, lo que implica que burlarse de un político podría convertirse en delito con cárcel.
Aunque la propuesta reconoce un problema real —la violencia digital y el uso indebido de IA para suplantar identidades o difundir imágenes falsas—, no contempla excepciones para la parodia, la sátira ni la crítica política, pilares de la libertad de expresión.
De aprobarse tal como está redactada, la llamada “Ley Anti-Stickers” podría ser usada para silenciar periodistas, caricaturistas o ciudadanos que cuestionen a funcionarios públicos.
En México, el INEGI reportó que casi 19 millones de personas fueron víctimas de ciberacoso en 2024, y los fraudes con IA crecieron 220% en los últimos dos años. Sin embargo, expertos advierten que una legislación con definiciones vagas sobre “ridiculización” podría terminar castigando el humor y la crítica más que protegiendo a las víctimas.