Después de aproximadamente diez horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, conocida por sus críticos como la segunda “Ley Antimemes”, que establece sanciones por el uso indebido de imágenes, logotipos y elementos de identidad de instituciones públicas con fines fraudulentos.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, obtuvo 281 votos a favor y 87 en contra durante la sesión del miércoles 21 de octubre. Tras su aprobación en lo general y en lo particular, el proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación.
Las modificaciones contemplan penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) para quienes utilicen, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, elementos de identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales de instituciones públicas con la finalidad de engañar y cometer un ilícito.
Aunque la reforma establece como elementos del delito el uso comercial y la finalidad fraudulenta, legisladores de oposición advirtieron que algunas disposiciones podrían dar lugar a interpretaciones que afecten la libertad de expresión.
Oposición advierte posibles riesgos para la sátira política
Durante el debate, representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron la redacción de las modificaciones y solicitaron mayores garantías para evitar que las nuevas disposiciones sean utilizadas contra periodistas, caricaturistas y usuarios de redes sociales.
El diputado César Israel Damián, del PAN, sostuvo que la legislación podría convertirse en un instrumento de intimidación contra quienes expresen opiniones críticas hacia las autoridades.
Por su parte, Gibrán Ramírez Reyes, de Movimiento Ciudadano, señaló que la ausencia de excepciones expresas para la sátira y la parodia genera incertidumbre sobre los alcances de la reforma.
El legislador Christian Castro Bello, del PRI, manifestó que combatir la falsificación y el uso fraudulento de documentos oficiales es necesario, pero consideró indispensable establecer límites precisos para evitar posibles afectaciones a la crítica política.
Las bancadas opositoras insistieron en que las disposiciones deben distinguir claramente entre las conductas destinadas a cometer fraudes y las expresiones humorísticas o de opinión que circulan en medios digitales.
Morena defiende medidas contra falsificación y piratería
En defensa del dictamen, el diputado Julio César Moreno Rivera, de Morena, explicó que las modificaciones actualizan disposiciones penales que no habían sido revisadas desde 1996.
Argumentó que la reforma busca fortalecer los mecanismos legales para combatir la falsificación, la piratería y el uso comercial indebido de elementos protegidos, además de adecuar la legislación mexicana a compromisos internacionales en materia de propiedad intelectual.
El proyecto también contempla sanciones de hasta diez años de prisión para determinadas conductas relacionadas con la divulgación o distribución no autorizada de obras protegidas por derechos de autor antes de su lanzamiento oficial.
Asimismo, establece penas de hasta siete años de prisión para quienes, a escala comercial y sin autorización, eliminen o alteren información relacionada con la gestión de derechos de propiedad intelectual.
¿La reforma castiga directamente los memes?
Aunque durante la discusión parlamentaria se popularizó la denominación de “Ley Antimemes 2”, el texto aprobado no establece expresamente que la elaboración o publicación de memes constituya por sí misma un delito.
Las sanciones relacionadas con la identidad institucional se encuentran vinculadas al uso a escala comercial y a la intención de engañar para cometer un ilícito.
Sin embargo, legisladores opositores consideran que la falta de referencias explícitas para proteger la parodia y la sátira podría generar controversias sobre la interpretación y aplicación de las nuevas disposiciones.
Con su aprobación, la reforma quedó en manos del Ejecutivo federal para continuar el procedimiento correspondiente a su publicación y entrada en vigor.
El debate dejó posiciones encontradas entre quienes consideran necesarias las nuevas herramientas legales contra la falsificación y quienes advierten que su aplicación deberá evitar restricciones indebidas a la libertad de expresión.
