Chihuahua, Chih.- La familia de Richard Halliday, un militar estadounidense fallecido en Ciudad Juárez, presentó señalamientos ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investigue si la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tenía conocimiento previo de las actividades de agentes estadounidenses en territorio estatal.
De acuerdo con información publicada por El Monitor de Parral, Robert Halliday, padre del militar, envió un correo electrónico a la autoridad federal el 27 de mayo de 2026, en el que solicitó esclarecer qué sabían las autoridades estatales sobre la presencia y las operaciones de personal extranjero en Chihuahua.
Los familiares aseguran contar con documentos que, según su versión, podrían contradecir las declaraciones públicas de la mandataria, quien afirmó desconocer la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) hasta que se reportó un accidente ocurrido en abril de 2026 en la sierra de Chihuahua.
En ese incidente murieron Richard Leiter Johnston III y John Dudley Black, señalados en los reportes como presuntos agentes de la CIA. El caso derivó en cuestionamientos sobre la colaboración entre autoridades estatales y personal estadounidense, así como sobre las autorizaciones federales correspondientes.
La denuncia también se relaciona con la investigación federal contra el entonces fiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, quien renunció al cargo y enfrenta señalamientos por su probable responsabilidad en el delito de traición a la patria.
La familia Halliday solicitó que se revisen las comunicaciones, los reportes de inteligencia y los posibles acuerdos que pudieran haber existido entre funcionarios estatales y agencias estadounidenses antes de que se conociera públicamente el accidente.
Asimismo, los familiares sostienen que el fallecimiento de Richard Halliday, ocurrido en enero de 2025 en Ciudad Juárez, podría estar relacionado con información sobre redes criminales y presuntas operaciones irregulares. Sin embargo, estas afirmaciones requieren ser corroboradas por las autoridades competentes.
Hasta el momento, los señalamientos difundidos no constituyen una determinación judicial de responsabilidad contra Maru Campos. Corresponderá a la FGR analizar la documentación presentada y establecer si existen elementos suficientes para esclarecer los hechos y deslindar posibles responsabilidades.
