Mientras Joaquín Guzmán López permanece en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, el exfiscal de Chihuahua fue trasladado a un penal federal para enfrentar una acusación por presunta traición a la patria.
Dos investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de traición a la patria han tenido resultados procesales diferentes. Por un lado, la institución retiró en 2024 una solicitud de orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán; por otro, consiguió ejecutar una orden de captura contra César Jáuregui Moreno, exfiscal general de Chihuahua, detenido el pasado 17 de octubre.
Aunque ambos casos involucran acusaciones relacionadas con la seguridad nacional, las conductas investigadas son distintas y ninguno cuenta hasta ahora con una sentencia condenatoria en México por ese delito.
El caso del hijo del “Chapo”: 78 datos de prueba y una solicitud retirada
La investigación contra Joaquín Guzmán López surgió después de los acontecimientos del 25 de julio de 2024, cuando Ismael “El Mayo” Zambada fue trasladado a Estados Unidos, donde ambos quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses.
La FGR investigó la posible comisión de secuestro y traición a la patria, al considerar que Zambada habría sido privado ilegalmente de su libertad en territorio mexicano para llevarlo al extranjero.
El 5 de octubre de 2024, la Fiscalía acudió ante el juez federal Alejandro Alberto Díaz Cruz, en Culiacán, Sinaloa, para solicitar una orden de aprehensión contra Guzmán López.
La institución aseguró haber presentado 78 datos de prueba. Sin embargo, después de una audiencia que se prolongó durante más de ocho horas, decidió retirar su petición.
Posteriormente surgieron diferencias entre la Fiscalía y el juzgador respecto de lo ocurrido.
El juez sostuvo que no había rechazado la orden de captura, sino que fue el Ministerio Público Federal quien desistió de solicitarla. También hizo referencia a deficiencias en los elementos presentados y cuestiones relacionadas con la competencia judicial.
La FGR, por su parte, defendió la suficiencia de sus pruebas y manifestó su intención de continuar el procedimiento ante otra autoridad.
En diciembre de 2025, Guzmán López se declaró culpable ante una corte de Chicago por delitos vinculados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. También reconoció haber organizado el secuestro de Zambada.
No obstante, ese procedimiento estadounidense es independiente de la investigación mexicana por traición a la patria.
César Jáuregui: de una resolución favorable en Chihuahua a una detención federal
El caso de César Jáuregui Moreno se relaciona con un operativo contra laboratorios clandestinos realizado en abril de 2026 en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua.
De acuerdo con las investigaciones federales, en esa intervención habrían participado agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), sin contar con la autorización correspondiente de las autoridades federales mexicanas.
Tras el operativo se registró un accidente en el que fallecieron dos funcionarios mexicanos y dos estadounidenses.
La FGR sostiene que el entonces fiscal de Chihuahua habría permitido la intervención de personal extranjero en actividades de seguridad reservadas a las instituciones mexicanas, conducta que investiga como presunta traición a la patria.
Jáuregui fue detenido el sábado 17 de octubre por señalamientos del fuero estatal relacionados con ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos.
Sin embargo, durante la audiencia correspondiente, un juez de Chihuahua determinó que no procedía imponerle prisión preventiva por esos delitos, por lo que podía continuar el procedimiento estatal en libertad.
La situación cambió minutos después, cuando agentes federales ejecutaron una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria, emitida por una jueza federal del Altiplano.
Trasladan al exfiscal de Chihuahua al penal del Altiplano
Este lunes 19 de octubre se informó que César Jáuregui fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Su audiencia ante la autoridad judicial federal está prevista para el martes 20 de octubre, cuando deberá abordarse su situación jurídica dentro de la investigación por presunta traición a la patria.
De manera independiente, el procedimiento estatal continuará el jueves 22 de octubre, fecha en la que se prevé resolver si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los delitos investigados en Chihuahua.
Es importante precisar que la ejecución de una orden de aprehensión no constituye una declaración de culpabilidad y que el exfuncionario mantiene su derecho a la presunción de inocencia.
¿Qué establece la ley sobre la traición a la patria?
El artículo 123 del Código Penal Federal contempla distintas conductas consideradas traición a la patria y establece sanciones que pueden alcanzar de cinco a 40 años de prisión, además de multas.
Entre los supuestos previstos se encuentran determinadas acciones que comprometen la seguridad nacional o afectan la soberanía del país.
En el expediente de Joaquín Guzmán López, la acusación se relacionó con el presunto traslado forzado de una persona desde México hacia Estados Unidos.
En el caso de César Jáuregui, la Fiscalía plantea una posible intervención extranjera no autorizada en operaciones de seguridad realizadas en territorio nacional.
Aunque las dos investigaciones fueron encuadradas por la autoridad ministerial bajo el mismo delito, los hechos atribuidos y los elementos jurídicos que deben demostrarse son diferentes.
Dos investigaciones que siguen sin sentencia por traición a la patria
El contraste entre ambos expedientes radica principalmente en las decisiones adoptadas durante sus respectivos procedimientos.
En 2024, la Fiscalía retiró la solicitud de captura presentada contra Joaquín Guzmán López, mientras que en octubre de 2026 logró obtener y ejecutar una orden de aprehensión contra César Jáuregui Moreno.
El hijo del “Chapo” permanece sujeto a un proceso penal en Estados Unidos, mientras que el exfiscal de Chihuahua enfrenta una nueva etapa judicial ante autoridades federales mexicanas.
Hasta el momento, ninguno de los dos ha recibido una sentencia condenatoria en México por traición a la patria, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar la responsabilidad penal que pudiera existir en cada expediente.
