A más de tres años del incendio ocurrido en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que provocó la muerte de 40 personas y dejó 27 lesionadas, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, consiguió el sobreseimiento del proceso penal que enfrentaba por ejercicio indebido del servicio público.
La resolución judicial se produjo después de una audiencia de más de siete horas, en la que se determinó que el exfuncionario cumplió las condiciones establecidas para la suspensión condicional del proceso que le había sido concedida previamente.
Con esta determinación, la acción penal quedó extinguida y el expediente fue sobreseído, sin que se dictara una sentencia que resolviera de fondo su responsabilidad penal por los hechos.
La tragedia que dejó 40 migrantes muertos
El 27 de marzo de 2023, un incendio se registró en una celda de la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez, donde decenas de personas extranjeras permanecían bajo custodia de las autoridades mexicanas.
Las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron que los migrantes permanecieron encerrados mientras el fuego se extendía por las instalaciones, lo que provocó una de las tragedias más graves registradas en un centro de detención migratoria del país.
El siniestro dejó 40 personas fallecidas y otras 27 lesionadas.
En aquel momento, Francisco Garduño se desempeñaba como titular del INM, cargo que ocupaba durante la administración del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Posteriormente, un juez federal lo vinculó a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público, derivado de presuntas omisiones en la supervisión de las instalaciones migratorias, señaladas por deficiencias en materia de seguridad y protección civil.
A pesar del procedimiento judicial, Garduño enfrentó el proceso en libertad y permaneció al frente de la institución.
Permaneció en el cargo durante dos administraciones
El excomisionado continuó dirigiendo el INM durante el resto del gobierno de López Obrador y los primeros siete meses de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Su salida se concretó el 1 de mayo de 2025.
La presidenta explicó en su momento que el retraso en el relevo estaba relacionado con los contactos y la coordinación que Garduño mantenía con autoridades de Estados Unidos y Guatemala en materia migratoria.
Suspensión condicional y reparación del daño
En enero de 2025, Garduño obtuvo una suspensión condicional del proceso penal, mecanismo jurídico que permite detener el procedimiento a cambio del cumplimiento de determinadas obligaciones.
Entre las condiciones impuestas se encontraban ofrecer una disculpa pública, participar en capacitaciones, cumplir medidas judiciales y acreditar la reparación del daño a las víctimas.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el INM destinó aproximadamente 246 millones de pesos de recursos públicos al pago de indemnizaciones.
En septiembre de 2025, el exfuncionario ofreció una disculpa pública por los hechos ocurridos en Ciudad Juárez.
Juez extingue la acción penal; víctimas buscarán apelar
Tras revisar el cumplimiento de las condiciones impuestas, la autoridad judicial determinó extinguir la acción penal y sobreseer el expediente.
Esta resolución no constituye una sentencia absolutoria derivada de un juicio en el que se hubiera determinado la inexistencia de responsabilidad penal, sino la conclusión del procedimiento mediante la figura de suspensión condicional.
La representación legal de las víctimas anunció que impugnará la determinación judicial.
El caso vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad de los funcionarios públicos en la supervisión de instalaciones migratorias, así como el acceso a la justicia de las familias afectadas.
A más de tres años de la tragedia, el proceso penal contra quien encabezaba el Instituto Nacional de Migración concluyó sin una sentencia condenatoria.
