Ulises Lara López, exfuncionario de la Fiscalía General de la República (FGR) y extitular interino de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), fue señalado por su media hermana, Hilda Lara Guadián, de presuntamente utilizar su influencia dentro de la institución capitalina para intervenir en un conflicto judicial relacionado con la propiedad de la casa de su padre.
Hilda Lara y su esposo, Godefroid Pakabomba Muabi, sostienen que fueron acusados penalmente de despojo agravado por un inmueble ubicado en la colonia Acueducto de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo A. Madero, pese a que aseguran haber adquirido legalmente la propiedad en 2013.
De acuerdo con el señalamiento, el matrimonio compró el inmueble a Carlos León Lara Corona y Ady Guadián Patiño, padres de Hilda, mediante una operación formalizada ante notario. El precio asentado habría sido de 2 millones 100 mil pesos, de los cuales 648 mil 969.88 pesos fueron cubiertos mediante un crédito del Infonavit.
El conflicto comenzó años después. En septiembre de 2021, Carlos Lara promovió acciones para desconocer la compraventa, argumentando que se había percatado de que la propiedad ya no estaba a su nombre cuando pretendía realizar su testamento.
Además de la controversia civil, se presentó una denuncia ante la Fiscalía capitalina contra Hilda Lara, su esposo, el notario que intervino en la operación y el Infonavit por posibles delitos relacionados con fraude y documentos.
Sin embargo, entre los elementos presentados por el matrimonio para defender la legalidad de la compraventa se encuentra una declaración de Ady Guadián, quien habría confirmado ante agentes de investigación que ella y su esposo acudieron personalmente al notario en 2013 para realizar la operación. También se presentó un peritaje en grafoscopía que concluyó que Carlos Lara sí habría firmado el instrumento notarial.
Denunciaron posible abuso de poder
Hilda Lara y su esposo aseguran que posteriormente fueron acusados de despojo agravado y atribuyen a Ulises Lara una presunta intervención en el caso, debido a los cargos que ocupaba en ese momento dentro de la Fiscalía capitalina.
Ante esta situación, presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la FGJCDMX por posibles actos de abuso de poder y conflicto de intereses.
No obstante, el expediente fue archivado en julio de 2024 al determinarse que no existían elementos suficientes para acreditar alguna falta administrativa atribuible a servidores públicos de la institución.
El proceso penal continuó y Hilda Lara y Godefroid Pakabomba fueron vinculados a proceso. La defensa recurrió las determinaciones mediante apelaciones y posteriormente promovió juicios de amparo.
Tribunales federales determinaron que los delitos estaban prescritos
El caso llegó al Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México, cuyos magistrados determinaron que, al momento de presentarse la denuncia, los delitos atribuidos al matrimonio ya habían prescrito.
En cumplimiento de las resoluciones federales, los jueces de control encargados de los procedimientos dejaron sin efecto las vinculaciones a proceso y emitieron nuevas determinaciones.
Sin embargo, la asesora jurídica que representa a Carlos Lara presentó recursos de apelación contra esas decisiones, al considerar que los jueces se excedieron al cumplir las sentencias de amparo. Dichas impugnaciones permanecían pendientes de resolución.
La defensa también cuestionó que Carlos Lara no se hubiera presentado personalmente durante diferentes etapas del procedimiento y que su representación quedara en manos de una asesora jurídica adscrita a la Fiscalía capitalina.
Familia fue desalojada del inmueble
Otro punto de la controversia ocurrió en 2023, cuando la Fiscalía obtuvo una orden judicial para asegurar la propiedad. Hilda Lara y su familia fueron desalojados y el inmueble quedó bajo aseguramiento.
Posteriormente, el 11 de diciembre de 2024, el Cuarto Tribunal Colegiado en materia Penal determinó conceder protección constitucional al matrimonio y ordenó levantar el aseguramiento, al considerar que la medida incumplía con el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal.
Ulises Lara rechaza las acusaciones
Ulises Lara negó haber utilizado sus cargos públicos para intervenir en el conflicto familiar y rechazó los señalamientos formulados por su media hermana.
El exfuncionario sostuvo que ya fue investigado internamente por la Fiscalía capitalina y que la resolución fue favorable para él. También aseguró desconocer el estado procesal actual del litigio y afirmó que las actuaciones realizadas por la institución forman parte de su estrategia jurídica y no de una intervención personal.
El caso mantiene abiertas distintas controversias judiciales alrededor de la propiedad, mientras Hilda Lara y su esposo sostienen que la operación de compraventa fue legítima y acusan irregularidades en el procedimiento seguido en su contra.
